Sobre Manuel Rodríguez de Castro se creó una leyenda sobre su paradero hace unos años e incluso con su estado de salud. Se llegó a decir que estaba en Panamá y en México. Sin embargo, este medio lo localizó en un domicilio de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, aunque acto seguido a este hecho puso la vivienda en venta. En esta localidad tenía la sede social de algunas de sus empresas, entre ellas Iberian Reits, precisamente la que ha servido a los abogados del Estado para establecer una conexión entre el dinero público que la Zona Franca bajo su gestión pagó para poner en marcha el portal informático Rilco y sus cuentas. Así, al menos 215.000 euros fueron a parar a esta empresa que fue creada justo después de verse forzado a dimitir a finales del año 2002. Tal y como reza en el Registro Mercantil, Rodríguez de Castro fue administrador único de esta empresa hasta finales de noviembre de 2005.

Esta empresa, según su objeto social, es el estudio, promoción, construcción, asesoramiento, administración, gestión, adquisición, compra, venta y explotación y tiene en el año 2005 el último balance de explotación entregado en el Registro Mercantil.

Iberian Reits fue una de las empresas que el Tribunal de Cuentas puso en el punto de mira como medida preventiva en ejecución de la propia providencia que esta institución dictó el 26 de abril de 2005 y en la que ordenaba el embargo, por la cantidad de 549.159 euros, de bienes y derechos del ex delegado. En este sentido, se ejecutó esta acción sobre Iberian Reits y otras cuatro empresas del ex delegado del Estado: Oda Móviles, SL; Fanatic Movil, SL; Premium Atlas, SL; y Agencia Hispano-Azteca, SL. Asimismo, le embargaron un vehículo de cinco años de antigüedad.

A pesar de ello, todos estos bienes no cubrían la cantidad exigida y que corresponde a los gastos sin justificar durante su gestión entre 1997 y 2001. No es de extrañar. Casi todas ellas apenas tenían actividad y, en muchos casos, estaban llenas de deudas.

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón publicó dentro de un listado de morosos la deuda que Iberian Reits mantenía con este municipio en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los años 2005 y 2007. La cantidad total ascendía a más de 1.442 euros.

Ahí no queda todo. El juzgado número 84 de Madrid (la empresa tenía sede en Pozuelo y también en la capital) tuvo que publicar un edicto el 16 de junio de 2008 por el que autorizaba a la empresa Gas Natural a entrar en las instalaciones de la firma para desmontar el contador de gas. Asimismo, condenaba a la empresa a pagar 2.680, 69 euros en concepto de deuda y se daba por resuelto en contrato comercial que los unía a ambas partes. En este edicto se da una circunstancia curiosa y es que se tiene que publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid por encontrarse la demandada "en paradero desconocido".

Según los abogados del Estado en un informe que han entregado al Tribunal de Cuentas, Miami Free Zone, la empresa de los imputados Germán y Carmen Leiva en el caso Rilco, subcontrató el trabajo a otra firma estadounidense llamada Duarte Corporation, que es la que hizo la transferencia de dinero hacia Iberian Reits, según lo que aparece en el informe. Miami Free Zone se hizo con un contrato por el que pugnaban las mejores en su sector. Sin embargo se lo llevaron los Leiva, de los que hay indicios que han sido socios de Rodríguez de Castro para diversos negocios.

Una de las incógnitas del caso que se está investigando es si el sucesor de Rodríguez de Castro, Miguel Osuna, fue consciente de estas irregularidades y si encubrió la malversación de fondos. Parece que el asunto no está nada claro y no se han podido encontrar indicios de ello. De momento, Miguel Osuna está esperando una llamada del Tribunal de Cuentas para declarar en el mes de julio con el objetivo de aclarar determinados conceptos.