Este es el lugar donde se puede solucionar el problema de la población de Cádiz

El pasado 1 de enero de 2025 el padrón oficial de Cádiz ya bajaba de los 110.000 habitantes. La ciudad retrocedía entonces a 1957 empadronados alejándose del récord de población que nos llevó hace poco más de tres décadas a 157.000 vecinos. Es decir, se han perdido por el camino 47.000 personas, más que todo el término de puerto Real.

El dato actual no se conocerá hasta dentro de un año, pero si mantenemos la tendencia de perder casi un millar de residentes al año, ahora podíamos estar en el entorno de 108.500 vecinos.

De esta forma, cada vez nos acercamos más al límite de los 100.000 habitantes. Una cifra que tiene un enorme calado para nuestro futuro más que evidente, pues bajar de los seis dígitos le supondrá al Ayuntamiento que le toque esa fecha una reducción más que notable de las aportaciones que se reciben de los presupuestos del Estado. Hoy podrían ser unos 40 millones de euros anuales, un enorme mordisco a una cuentas que para el 2026 el gobierno de Bruno García ha elevado a 200 millones de euros.

La necesidad de incrementar la población, o al menos que ésta no baje de los 100.000, se convierte así uno de los grandes retos de la ciudad. Aunque esta espada de Damocles pende sobre Cádiz desde hace años, las medidas a priori necesarias no se han tomado con la efectividad y rapidez necesaria.

Por lógica, para que la población siga en la ciudad es necesario tener viviendas para todo el mundo. Hoy eso es imposible. Solo el registro municipal supera las 4.000 solicitudes, a las que hay que añadir quienes pueden costearse una vivienda de protección oficial o una de renta libre y no encuentran ofertas en el mercado. O quienes quieren vivir en Cádiz. El precio del mercado tampoco ayuda. Cádiz está entre las cinco capitales más caras de España si atendemos al precio del metro cuadrado. Más que Sevilla y que Málaga, por ejemplo. Así es complicado, aún encuentran algún piso libre, comprar o alquilar si los que buscan son gente joven, con ingresos muy limitados.

La lentitud de las administraciones en materia de vivienda

El déficit de vivienda no tiene hoy una repuesta ágil entre las administraciones, mientras que el sector privado demanda más suelo donde construir y una bajada del precio del mismo. Hay en cartera suelo público para construir varios cientos de pisos para colectivos con menos ingresos o para el alquiler público, pero no acaban de ponerse en marcha. Tampoco se ha producido avance alguno en la reordenación del polígono exterior de la Zona Franca, donde podría levantarse la última gran bolsa de vivienda en la ciudad. En mejor ejemplo de la lentitud administrativa está en el proyecto de Navalips, donde se proyectan 800 viviendas, y estamos liados en trámites desde hace tres años.

Pero aun cuando se cuente ya con todos estos terrenos en el conjunto de la ciudad y se agilice al máximo la construcción de todas las viviendas, lo que son varios años por delante, el suelo acabará agotándose y la línea de la población volverá a caer.

Un tratamiento especial para Cádiz

Ante este panorama ¿qué se puede hacer para evitar que Cádiz pierda los 40 millones de aportación estatal?

Durante el mandado como alcaldesa de Teófila Martínez, ésta consiguió que el entonces gobierno de José María Aznar le concediese a Cádiz un tratamiento especial por su peculiar insularidad. Fueron gestionas intensas y complicada. La propia Martínez recordaba en su momento lo complicado que le fue explicar a los técnicos en Madrid de la situación territorial de la capital gaditana.

Ese fondo lo concedió finalmente el vicepresidente Rodrigo Rato. Durante 8 años se aportaron 800 millones de pesetas anuales antes de lograr la ayuda especial permanente (de la que se vio beneficiada también, gracias a Cádiz, una localidad catalana. Un dinero que aún se mantiene y que desde entonces le ha supuesto a las arcas locales unos 600 millones de euros. Con este tratamiento especial Cádiz, a la hora de recibir la participación en los tributos del Estado, salía del grupo que le correspondía para fijar el dinero a recibir (entre 100.000 y 500.000 habitantes) y se situaba en los que estaban por encima del medio millón.

Sin embargo, si sigue la tendencia a la baja y se pierde el límite de los 100.000 residentes, Cádiz bajará un escalón y se quedará en el grupo de 100.000 a 500.000. Solo gracias al tratamiento especial continuará por encima de los que le correspondería por población, que sería entre 20.000 y 100.000 habitantes. De estar en este último grupo la caída de ingresos sería catastrófica.

Es por ello que, más allá de que se active la construcción de viviendas, la ciudad de Cádiz necesita que el Gobierno central le amplíe el tratamiento especial concedido hace más de un cuarto de siglo y le garantice que si baja de los 100.000 vecinos seguirá recibiendo los mismos fondos que actual.

De esta manera es el Estado, gobierne ahora el PSOE o quien gane las próximas elecciones, el que debería de dar el paso para activar esta segunda fase del tratamiento especial en la ciudad. Al igual que en su día hizo Teófila Martínez, presionando en Madrid, al actual Ayuntamiento y a la oposición socialista (cuyo partido está en la Moncloa) les corresponde ahora reclamar este nueva ayuda. Así la ciudad podrá encarar su futuro más inmediato con más tranquilidad.