Los cupones de la Organización Impulsora de Discapacitados (OID) son uno de los juegos ilegales de loterías más extendidos por el territorio nacional, con especial incidencia en la provincia de Cádiz. La constante presión de las policías autonómicas -sobre las que reside la persecución del juego ilegal- han hecho mella en ella por la acumulación de golpes en contra de su actividad, con el resultado de una gran acumulación de expedientes que han derivado en cuantiosas multas administrativas. 

La acción de las instituciones ha tenido por fin un reflejo judicial. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 y de lo Mercantil de Toledo ha dado un paso importante al declarar la disolución de la OID dentro del procedimiento concursal al que estaba sometido por la enorme deuda acumulada. En este auto, al que ha tenido acceso este medio, con fecha de 31 de julio, la titular del juzgado señala que "durante la fase de liquidación quedarán en suspenso las facultades de administración y disposición del concursado sobre su patrimonio con todos los efectos establecidos en el Título III de la LC". 

Un ejemplo de la deuda que ha ido dejando por el camino en los diferentes procedimientos en los que se ha visto inmerso la OID se constata en los acreedores que están presentes en el concurso, que van desde las comunidades autónomas de Andalucía, Madrid, Castilla La Mancha o Murcia a la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social o la propia Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), a la que ha hecho competencia con sus sorteos clandestinos al no contar con la autorización gubernamental.

La declaración de la disolución de la OID tiene una especial relevancia en la provincia de Cádiz ya que una buena parte de su negocio se desarrollaba en territorio gaditano. De hecho, según datos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) y la Agencia Tributaria, en la provincia de Cádiz se vende más del 13,5% del total de la lotería de la OID en España, mientras que en Andalucía se produce el 28% de las ventas nacionales. Esto supone que en Cádiz se vende más del 48% de los boletos a nivel andaluz.

Con todo, la entrada en disolución de la OID debe suponer el desmantelamiento de la organización y el cese de todas sus actividades de venta de loterías, para las que no goza de autorización gubernamental. Sin embargo, en su página web anuncia un bote para el próximo sorteo que se celebrará el 26 de septiembre de 471.116 euros.

La presión de la Junta de Andalucía, administración competente en la lucha contra el juego ilegal, contra la Organización Impulsora de Discapacitados (OID) dio especiales frutos el pasado mes de febrero con la clausura de las cuatro sedes que esta entidad tenía en la provincia de Cádiz situadas en la capital, Jerez, Algeciras y Chiclana. Esta actuación la realizó la Consejería de Hacienda con la participación de la Unidad de Policía Adscrita.

Este cierre, que puede comportar una multa de hasta 300.000 euros, se produjo debido a los pocos efectos que estaban teniendo las constantes multas administrativas para frenar su actividad. De hecho, en su momento la Junta informó de que en los últimos años la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz había impuesto más de un millar de sanciones por la venta de juegos de lotería ilegal, sin que ninguna de ellas haya sido anulada por ningún juzgado. Además, otro de los aspectos que ha atacado el Gobierno andaluz ha sido que la OID se ha amparado en que sus trabajadores eran discapacitados. Sin embargo, los informes de la Unidad de Policía Adscrita de la Junta de Andalucía señalaban en el momento de esta intervención que la mayoría de los vendedores no eran discapacitados y que las cuatro sedes clausuradas no cumplían con las medidas de accesibilidad. 

Fuentes de la Policía Autonómica han señalado a este medio que ya se ha empezado a detectar en la provincia de Cádiz la llegada de nuevos juegos ilegales que mantendrían una actividad similar, por lo que está tras la pista de su venta al constatar que se pueden estar produciendo las mismas irregularidades por no contar con la pertinente autorización gubernamental. Ante esto, estas fuentes han recalcado que la única entidad que tiene permiso para la celebración de este tipo de sorteos es la ONCE, además de Loterías y Apuestas del Estado.