La Junta de Andalucía ha clausurado las cuatro sedes que la OID (Organización Impulsora de Discapacitados) tiene en la provincia en Cádiz, Jerez, Algeciras y Chiclana, en una actuación que se ha llevado a cabo desde la Consejería de Hacienda, como órgano competente en materia de juego y apuestas y con la participación de la Unidad de Policía Adscrita.

Esta medida de cierre se enmarca en el ámbito de un nuevo procedimiento sancionador por actividad de juego ilegal. La multa prevista para estos casos puede ascender hasta los 300.000 euros y es competencia de la Dirección General de Tributos. La delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Ana Mestre, ha sido la encargada de dictar este cierre provisional con fecha de hoy, 10 de febrero.

Lo que ha motivado esta medida de cierre de sedes de la OID, casi inédita en España, es la ineficacia de las sanciones administrativas para evitar que la organización persista en su actividad de juego ilegal. Han sido cientos de miles de boletos decomisados por la Unidad de Policía Adscrita estos últimos años sin que ello haya impedido que se mantenga dicha infracción.

De las más de mil sanciones impuestas por la Delegación del Gobierno en los últimos años por juego ilegal a la OID (vendedores, distribuidores, organización…), no existe ninguna resolución judicial que haya dado la razón a la OID y haya anulado una multa, explican desde la Junta. Al contrario, todas confirman que la OID no cuenta con autorización administrativa.

La OID es una entidad que se dedica al juego no autorizado mediante la venta ilegal de boletos, ofertando premios de distinta índole y amparándose en tener trabajadores discapacitados. Sin embargo, dentro de los informes de la Unidad de Policía Adscrita de la Junta de Andalucía, se constata que la mayor parte de sus vendedores no tienen discapacidad alguna, ni ninguna de sus cuatro sedes están adaptadas para el acceso de discapacitados.

Esta organización tiene ámbito nacional y actualmente se encuentra en concurso de acreedores. La organización no ha hecho frente a las numerosas sanciones impuestas desde la Junta de Andalucía por el desarrollo de un juego sin autorización administrativa en los últimos años, dada además su situación de impagos a los acreedores.