Con motivo del día del orgullo LGTBIQ, el Ayuntamiento de Cádiz izó en el mes de junio de 2021 la bandera arcoíris en el balcón del consistorio para posteriormente, por imperativo legal, tener que retirarla tras ladenuncia de la asociación Abogados Cristianos. La organización denunciante aludía a la ilegalidad por la sustitución de la bandera española por una no oficial y además sustentaba esta denuncia en que según se recogen en los estatutos de su propia entidad se debe cumplir la ley y la defensa y promoción de la concepción cristiana de la familia.

Al acto de retirada acudieron en señal de repulsa numerosos colectivos y la Asociación Pro Derechos Humanos anunció que se personaría en el caso por entender que era un golpe a la igualdad y a la visibilidad de todo un colectivo.

Tres años después, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Cádiz ha declarado la inadmisibilidad del recurso presentado por la organización ultracatólica y además les ha condenado a pagar las costas procesales, por lo que en APDHA declaran que “estamos hablando de una bandera que promueve la visibilidad de la igualdad por razón de orientación sexual, un deber de las instituciones que recoge la Constitución por lo que en ningún momento fue un acto ilegal y así se ha ratificado de nuevo”.