Los intocables de Cultura

El polémico edificio de la Aduana ya forma parte del 'inventario de bienes reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz', según publicó ayer el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Previamente, la Dirección General de Bienes Culturales aprobó este expediente, y el de otros inmuebles de la provincia, rechazando las alegaciones presentadas en contra de esta catalogación. Aunque el proceso administrativo aún no ha terminado y se abre un mes por delante para interponer el correspondiente recurso, todo hace prever que ya no hay marcha atrás y que la Aduana se convertirá en el epicentro no deseado de la plaza de Sevilla, una vez concluya su remodelación.

Junto al edificio de la Aduana la Consejería de Cultura ha optado por proteger también a otros inmuebles de la ciudad que considera como representativos de la arquitectura del siglo XX: las instalaciones de Ibérica AGA, el colegio Safa-Villoslada, la iglesia de San Severiano, la Estación Marítima, la torre de comunicaciones y el edificio de Telefónica en Puerta Tierra, la clínica dental de la calle Tamarindos y la Harinera Vilafranquina.

Afirma Cultura que todos estos inmuebles y locales particulares "son exponentes de una época histórica y son portadores de un principio de calidad y de valores susceptibles de ser evaluados a nivel local y, trasversalmente, en el conjunto de Andalucía".

La consecuencia más inmediata de esta decisión "es la obligatoriedad para el municipio, cuando elabore o modifique su catálogo urbanístico, de incluir en el mismo dichos bienes, a fin de otorgarles una protección de naturaleza urbanística".

El listado de bienes protegidos por parte de Cultura ha provocado en los últimos meses más de un enfrentamiento entre las administraciones y más de un dolor de cabeza entre los propios dirigentes del PSOE pues se han incluido edificios que tocan de lleno operaciones urbanísticas presentes o futuras de gran importancia para el desarrollo de la ciudad.

La que más impacto mediático y ciudadano ha tenido ha sido la de la Aduana Nueva. El edificio, que preside actualmente una de las fachadas de la plaza de Sevilla, debía ser derribado para ampliar la zona y permitir la recuperación del edificio de la histórica estación ferroviaria de 1905, una de las grandes construcciones de la época que, curiosamente, no se ha protegido por Cultura.

En la necesidad de la demolición de este edificio habían coincidido todas las administraciones implicadas, incluso la Junta y la propia Hacienda, propiedad del inmueble. Sin embargo, la creación de una plataforma ciudadana en favor de su mantenimiento logró que Cultura diese marcha atrás y optase por iniciar un proceso de protección que ha provocado la paralización de las obras en la plaza de Sevilla durante más de un año.

Asumiendo que esta decisión era irreversible, tanto el Ayuntamiento, como Adif y la Junta decidieron hace apenas unas semanas asumir que la Aduana iba a continuar en pie por lo que había que rediseñar todo su entorno. La principal afectada de esta decisión proteccionista de Cultura será la estación de 1905, cuya entrada principal seguirá oculta tras el edificio administrativo de la Aduana.

Aunque llegó a plantearse el cambio de uso a fin de transformar el edificio en el acceso principal al complejo ferroviario (algunos de quienes han defendido su permanencia han llegado incluso a proponer su transformación en un hotel e incluso la eliminación de la planta baja para dar visibilidad a la estación), finalmente se ha decidido el mantenimiento del actual uso administrativo.

Pero no es esta la única actuación que ha sido criticada por otras administraciones. La protección, ya oficial, de la Estación Marítima, también ha sido criticada por la Autoridad Portuaria, gestionada igualmente por los socialistas, pues incide de lleno en la reorganización que de todo el espacio portuario tiene previsto ejecutar en los próximos años la APBC. Curiosamente, este edificio fue reformado profundamente hace unos años, modificando de forma sustancial su diseño original ahora protegido.

Otro equipamiento que puede chocar con los intereses del desarrollo de la ciudad es el edificio de Ibérica AGA, ubicada en la calle Gibraltar, en el polígono industrial de la Zona Franca.

Todo este suelo está pendiente de una radical reorganización urbanística ejecutada por el Ayuntamiento y el Consorcio, que incluye la ampliación de la red viaria, la reordenación de los espacios públicos y la mejora y adaptación de naves y equipamientos ya existentes.

Curiosamente, en el caso de Ibérica AGA, esta empresa estuvo a punto de echar el cierre hace unos años e incluso llegó a plantearse su traslado a otra localidad de la provincia.

También se ubica en suelo de la Zona Franca otro de los bienes ya protegidos por la Consejería de Cultura: la Harinera de Vilafranquina, aunque por su situación no sólo no incide en futuros cambios de la trama urbana sino que se plantea su ampliación al ser una de las principales industrias que aún siguen en funcionamiento en el término urbano de la capital.

Entre los edificios protegidos ahora por la Junta de Andalucía se encuentra también un centro educativo: el Colegio Safa-Villoslada. Construido a principios de la década de los cincuenta dentro del plan de reurbanización que sufrió todo San Severiano tras la Explosión de 1947, se sitúa en una zona que experimentará en los próximo años un importante desarrollo urbanístico, afectado por la cercanía del acceso al segundo puente sobre la Bahía y la reordenación del suelo del cuartel de la Guardia Civil, que será atravesado por la ampliación de la avenida de la Constitución de 1812. El vecino barrio de Astilleros podría también reordenarse.