Un impago del Ayuntamiento provoca el desahucio de una familia

Yolanda Vargas, su marido y sus dos hijas, de 12 y 9 años, deberán abandonar antes del próximo 7 de julio el piso donde viven de alquiler tras dictar un juez una orden de desahucio. La orden se ha emitido tras la denuncia del propietario de la vivienda, que llevaba seis meses sin cobrar cantidad alguna por arrendar su inmueble.

La peculiaridad de este caso estriba en que es el Ayuntamiento el encargado de pagar el 90% del montante mensual y su impago durante este tiempo es el que ha provocado la denuncia y posterior orden de desahucio.

Aunque en un principio la ejecución iba a tener lugar el 12 de mayo, finalmente Yolanda consiguió que se retrasara casi dos meses, aunque esto no ha hecho disminuir su angustia. "Tengo 28 años y he pasado ya por nueve viviendas. Mis hijas están cansadas de mudanzas y tengo hasta muebles rotos de tanto traslado".

Cuenta Yolanda que el lunes iba a reunirse con la concejala en funciones de Bienestar Social, Carmen Sánchez, pero que ésta no se presentó a la cita. "La solución que me dan desde el Ayuntamiento es que espere a que salgan las listas para acceder a un alquiler social, que como tengo 16 puntos puedo tener suerte, pero esas listas no salen hasta principios de junio y yo no sé cuándo se entregan".

Por eso, para que no se vea en la calle, le han recomendado "que me busque mientras una casa. A eso se le llama búscate las papas", advierte Yolanda, quien, a pesar de tener trabajo fijo, explica que no "me llega para pagar la mensualidad, la luz, el agua, la comida... Llevo doce año apuntada en las listas de Procasa y mi única esperanza está en el baremo".

Mientras tanto, Yolanda, su marido Juan Luis y dos afectadas más que atraviesan la misma situación, han decidido apostarse todas las mañanas ante el Ayuntamiento para exigir que solucionen su problema. "Esto es un sinvivir, cada cierto tiempo se repite la misma historia. Estoy desorientada, no sé ni en qué instituto meter a mi hija porque no sé dónde estaré dentro de unos meses", relata angustiada.

Rafael Lara, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Cádiz, conoce bien el trago por el que está pasando Yolanda y afirma que "hay dos casos más aparte del suyo que tienen orden de desahucio para la primera quincena de julio". En su opinión, se trata de "una situación lamentable y reconocida sotto voce por la alcaldesa en funciones". Según Rafael Lara, normalmente desde el Ayuntamiento les recomiendan "que aguanten los que puedan, cojan otra casa y vuelta a empezar". Lo peor del caso para el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos es que esto le sucede "a gente que está trabajando pero que incluso así no tienen dinero para pagar un alquiler".

Desde su organización se está apoyando a estas mujeres y esperan que tras el 13 de junio, cuando se componga el nuevo gobierno municipal, se tomen medidas. "Que haya un cambio político no significa que se pierdan derechos. Queremos que nadie se quede en la calle y esperamos que los compromisos que se han adquirido durante la campaña, se vean reflejados una vez que comience la legislatura", concluye. El Ayuntamiento no pudo aportar ayer su versión sobre este caso.