El largo historial de Javier de Burgos, 19 de Cádiz: dos expedientes de seguridad, dos de sanción y múltiples requerimientos

El expediente sancionador que desde el Ayuntamiento de Cádiz se abrió a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) a principios de junio tras la denuncia pública realizada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía de las durísimas condiciones de vida de las familias que (todavía) habitan la finca Javier de Burgos, 19, sólo es la punta del iceberg de un historial donde se acumulan informes, requerimientos y otros expedientes sancionadores sobre el mal estado de este inmueble desde el año 2020.

No, para las cinco familias, con ocho menores entre sus miembros, no ha sido fácil tomar la decisión de hacer pública una realidad que, aunque ha llegado a su límite en los últimos años -peligro de desprendimientos, ratas y cucarachas-, llevan denunciando desde hace un lustro. Una situación insostenible que ya ha sido escuchada por las instituciones pertinentes (la finca fue desratizada y desinsectada y está siendo evaluada para su rehabilitación), pero que, a día de hoy, no ha encontrado resolución satisfactoria para estas personas. Siguen allí a pesar de los visibles problemas estructurales.

Javier de Burgos, 19 es un edificio con planta baja, tres pisos y 10 viviendas, 5 de ellas con inquilinos. Así, en el nivel más bajo existe una vivienda deshabitada y un local comercial que se dedicaba a hostelería y que en la actualidad se encuentra cerrado; en la primera planta hay tres viviendas, sólo una de ellas con inquilinos; en la segunda, cuatro viviendas (dos de ellas habitadas); y en la tercera planta, tres, dos de ellas, con habitantes.

La primera vez que se tiene constancia en el Ayuntamiento de Cádiz de las malas condiciones del edificio fue en diciembre del año 2020 cuando se inicia el primer expediente de Javier de Burgos, 19 tras una denuncia de los vecinos. De esta forma, desde la delegación de Urbanismo se realizaron varios requerimientos de ejecución de obras de seguridad a la, entonces, empresa propietaria de la finca, Doña y Jiménez S.L, que nunca llegó a responder a dichas solicitudes.

Ya en 2022 la propiedad pasa a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), presumiblemente, por un embargo a los anteriores propietarios. Pero el cambio de manos no supuso mejores condiciones para los vecinos. Desde el Consistorio se volvieron a realizar varios requerimientos sin respuesta de la Sareb que, finalmente, presentó un escrito solicitando la ampliación de los plazos.

Así, desde hace cinco años hasta la actualidad, la finca mantiene abierto expediente con distintas fases con el objetivo de lograr que la propiedad asuma sus obligaciones de mantenimiento y conservación. Ya en junio, cuando el mal estado de la finca, y de las personas que allí (mal)viven, salta a la esfera pública, desde el Ayuntamiento de Cádiz, el teniente de alcalde de Urbanismo, José Manuel Cossi, reconoció "problemas de comunicación" con la Sareb y, de hecho, explicó que ya en el mes de mayo puso en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno esta dificultad para contactar con la Sociedad y la necesidad de actuar sobre la finca de forma urgente.

Actualmente, desde el Ayuntamiento de Cádiz aseveran que la dirección de Sareb está en contacto con el Consistorio para dar respuesta a los vecinos, de acuerdo con sus obligaciones como propietaria del inmueble. Sin embargo, desde la Sociedad, participada en un 50% por capital público a través del Gobierno de España, explican que, si bien la comunicación ha fluido para atender a estos últimos requerimientos del estado de la finca, "se ha cortado" hace una semana cuando han querido hablar con los responsables municipales sobre el realojo de los vecinos.

El triste histórico de Javier de Burgos, 19

• Expediente de seguridad en 2020 que que se abrió como consecuencia de las denuncias de los vecinos y se constató por parte de los técnicos de Urbanismo.
• Requerimiento a Sareb en 2022 como nuevo propietario, respecto al expediente de seguridad abierto, sin respuesta.
• Expediente sancionador en mayo de 2023, que fue recurrido por Sareb alegando no tener la posesión de la misma y quedó en suspenso.
• Informe de reiteración del arquitecto técnico municipal en junio de 2024, sobre el Expediente de seguridad abierto en la finca, tras nuevas denuncias por parte de los vecinos.
• Un nuevo expediente de seguridad, derivado del iniciado en 2020 y que se fecha en mayo de 2025, en el que se le da traslado tanto a la propiedad (Sareb) como a la empresa que gestiona las obras (Serveo) del nuevo informe realizado por técnicos municipales de Urbanismo con las actuaciones a realizar, tanto las urgentes como las de seguridad concediendo un plazo máximo de cuatro meses. En dicho expediente se comunica el inicio de los trabajos de ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento. Con carácter previo al inicio de estas obras, la delegación de Salud procedió a desratizar y desinsectar ante la presencia de roedores e insectos y a desalojar muebles y enseres de las zonas deshabitadas.
• Un nuevo expediente sancionador en mayo de 2025 a Sareb por los incumplimientos reiterados en las órdenes de ejecución de obras de emergencia y seguridad.
• El 10 de junio se persona en la finca personal de Serveo (empresa que trabaja con Sareb en Cádiz) y se firma un acta para el traspaso de las tareas ya que Sareb había comunicado de manera oficial a Urbanismo que se va a hacer cargo de esta finca.
• Se abre un expediente de ITE aprobado por la Junta de Gobierno Local del pasado 13 de junio de 2025, para que se aporte por parte de Sareb certificado de arquitecto y aparejador recabando de manera exhaustiva el estado de la finca en todos sus aspectos y, muy especialmente, los relacionados con la seguridad y actuaciones a acometer.