Cádiz

Aumentan las reclamaciones por altas laborales forzosas en Cádiz

  • Los graduados sociales señalan que también se están incrementando las retiradas de invalidez

Delegados sindicales de Ustea a las puertas de la sede del INSS en Cádiz protestando por el alta forzosa de un profesor en tratamiento de cáncer, con el afectado de espaldas. Delegados sindicales de Ustea a las puertas de la sede del INSS en Cádiz protestando por el alta forzosa de un profesor en tratamiento de cáncer, con el afectado de espaldas.

Delegados sindicales de Ustea a las puertas de la sede del INSS en Cádiz protestando por el alta forzosa de un profesor en tratamiento de cáncer, con el afectado de espaldas. / Julio González

El Colegio de Graduados Sociales de Cádiz alerta sobre el aumento de reclamaciones por altas forzosas que se está produciendo desde hace más de un año en la provincia.

A raíz de la denuncia realizada por el sindicato Ustea Cádiz Enseñanza debido al alta obligatoria que ha dado recientemente el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a un profesor de Secundaria gaditano que padece mieloma múltiple –un cáncer de un tipo de células de la médula ósea de difícil curación– y que actualmente se encuentra en tratamiento, el presidente del Colegio de Graduados Sociales, José Blas Fernández, llama la atención sobre el "aluvión de reclamaciones" que están llegando a los despachos de estos profesionales para presentar demandas en los juzgados por altas forzosas dadas a personas que se encuentran de baja laboral por diversas enfermedades.

Señala que también están aumentando considerablemente las reclamaciones por la retirada de la invalidez, tanto total como absoluta, incluso a personas mayores de 60 años que llevaban más de una década con la invalidez concedida, algo que –asegura– "en los 50 años que llevo ejerciendo la profesión no lo había visto nunca".

Afirma que en estos casos, la mayoría de las personas se encuentran con un grave problema, unas porque la empresa en la que trabajaban ya no existe y otras porque no son readmitidas al considerar la empresa que la persona no está en condiciones de ocupar el puesto de trabajo que tenía. De este modo, "tienen que acudir al juzgado y esperar, porque estos asuntos tardan. Se están creando unos problemas terribles".

Explica que la ley contempla que cuando se concede una invalidez, a los dos años pueden llamar para revisarla, "pero ahora están llamando antes de los dos años". Y advierte que está habiendo cambios de criterios en algunas enfermedades. Pone como ejemplo el infarto "por el que siempre han dado la invalidez absoluta y ahora están dando el alta a personas que han sufrido un infarto".

José Blas Fernández afirma que desde el Colegio de Graduados Sociales "no entendemos qué está ocurriendo y qué criterios se están siguiendo. No sabemos qué hay detrás de todo esto"; una situación que "está empezando a colapsar los juzgados".

Cabe señalar que delegados del sindicato Ustea se concentraron este viernes a las puertas de la sede del INSS de la plaza de la Constitución en Cádiz para protestar por el caso del docente al que le han dado el alta obligatoria a pesar de encontrarse en pleno tratamiento de cáncer.

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