El estado de alarma del país está trayendo consigo una crisis de un calado enorme a nivel económico y laboral. Pero de la misma manera que el decreto de confinamiento obliga al cierre de negocios, que va a dar lugar a numerosos expedientes de regulación de empleo y al cierre de muchas empresas, otros sectores se encuentran estos días “absolutamente desbordados”, como ocurre por ejemplo con los graduados sociales.

El disparatado incremento de los ERTEs favorecidos por el último Real Decreto del Gobierno español estableciendo medidas urgentes extraordinarias para empresas y trabajadores ha traído consecuencias directas en los despachos de los graduados sociales, que trabajan “día y noche” para prestar el servicio que se les demanda en estos momentos.

El presidente de Graduados Sociales, José Blas Fernández, traslada que la situación no es fácil. Ni para sus clientes ni para ellos. “Estamos desesperados”, reconoce, señalando a una situación “bastante complicada”.

La primera actuación desbordante que tienen los despachos profesionales es elaborar toda la documentación necesaria para presentar esos expedientes de regulación que se cuentan por centenares desde el estado de alarma y que se multiplican desde que se publicó el Real Decreto el martes. “Los despachos estamos estudiando caso por caso, llevando a cabo planes de contingencia para poder estudiar las casuísticas de cada empresa y cada situación concreta y fórmula jurídica, desde autónomos a las distintas formas societarias”, explica Fernández, que defiende que en última instancia “somos los operadores que tramitamos las medidas adoptadas por el Gobierno, especialmente expedientes de regulación, EREs y ERTEs, que posteriormente deben adaptarse a nuestra comunidad autónoma”. “Vamos a tener que estudiar miles de documentos y valorar las diferentes opciones para cada pyme y cada situación concreta”, ha incidido.

Además, este trabajo resulta aún más complicado por las limitaciones de movilidad que tiene impuesta la ciudadanía actualmente. “Nadie puede estar en la calle, nadie puede salir, solo se puede trabajar telemáticamente. Pero luego, por ejemplo, a consecuencia de la Ley de Protección de Datos, no me permite tener ficheros en casa, por lo que esa medida no soluciona totalmente el problema”, explica el presidente de los graduados sociales.

En un segundo escalón, más a medio plazo, Fernández también vaticina otra serie de problemas en los operadores laborales y judiciales, como consecuencia de la práctica paralización de los juzgados así como de las numerosas causas que se abrirán en próximas fechas a raíz del alto índice de despidos. “Ya había un año de demora, que ahora se ampliarán. Los procesos están todos parados. Ponerlo en marcha otra vez será una locura”, señala el presidente, que en medio de esta situación caótica para el sector reitera “la puesta a disposición de nuestros profesionales a las empresas en todo lo relativo a sus asuntos laborales y el amplio abanico de medidas, desde preventivas hasta de fomento del teletrabajo”.