Cádiz

El gobierno local presenta la denuncia contra Romaní y Guillén

  • Elude la fórmula de la querella por el caso de Aguas de Cádiz y pone la documentación en manos de los tribunales sin pasar por Fiscalía

Álvaro de la Fuente, presidente de Aguas de Cádiz, en el transcurso de un pleno. Álvaro de la Fuente, presidente de Aguas de Cádiz, en el transcurso de un pleno.

Álvaro de la Fuente, presidente de Aguas de Cádiz, en el transcurso de un pleno. / .

El gobierno local, formado por Podemos y Ganar Cádiz, decidió ayer dar el paso y ordenó a sus consejeros en Aguas de Cádiz presentar la denuncia para que la Justicia esclarezca qué sucedió con los 42.000 euros abonados por esta empresa cuando el portavoz del PP, Ignacio Romaní, era presidente al director de su tesis, el profesor Carlos Guillén. En la denuncia se solicita que se les llame a ambos a declarar en calidad de investigados.

Tras presentarla, el presidente de Aguas de Cádiz, el concejal Álvaro de la Fuente declaró que "Romaní aún no ha aclarado el pago por parte de la empresa municipal de 42.000 euros al Observatorio de Responsabilidad Social que dirigía el director de su propia tesis cuando estaba al frente de la sociedad, como tampoco han aclarado los trabajos que según dicen los papeles y las facturas se realizaron por parte del Observatorio en beneficio de la empresa municipal y del que no existe constancia en Aguas de Cádiz".

Según De la Fuente, "el propio Romaní tuvo la oportunidad de explicarse en la comisión de investigación creada para tal efecto, pero prefirió boicotear y obstaculizar el desarrollo normal de esta comisión queriendo ser juez y parte, algo que no tiene sentido alguno". Por eso, "ante los continuos obstáculos y ante la falta de explicaciones sobre el pago de 42.000 euros, hemos cumplido con nuestra obligación de llevarlo ante la justicia y presentar la denuncia pertinente".

El gobierno local ha optado por la fórmula de la denuncia, en vez de la querella, como se habló en un primer momento. La denuncia simplemente pone en conocimiento de la justicia unos hechos y no convierte al denunciante en parte del proceso. En el caso de la querella hace que quien la interponga entre dentro del proceso. Mientras, el PSOE, la pasada semana, había optado por otra vía, consistente en poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía para que este organismo decida si ve delito y, en ese caso, acuse.

El informe jurídico encargado por Aguas de Cádiz consideraba que se podría haber incurrido en esta actuación en cinco delitos, malversación, prevaricación, falsificación, defraudación y cohecho, si bien en ningún momento mencionaba a Ignacio Romaní por su nombre. Son los delitos que figuran en la denuncia.

De la Fuente considera que se trata de "una denuncia bien argumentada y documentada, con la seriedad que corresponde. No hemos entregado a la ligera unos papeles en Fiscalía como ha hecho el PSOE para tratar de quedar bien tras rechazar otras vías judiciales. Es evidente que la Fiscalía tiene un papel muy importante en la investigación penal, por eso entendemos que es mejor que se pronuncie en sede judicial".

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