Cádiz

El equipo de gobierno insiste: “las sospechas sobre Romaní son evidentes”

  • Muestran su sorpresa por la reacción del PP, “cuando deberían estar avergonzados” en base al informe de Fiscalía

Ignacio Romaní recibe el apoyo de Juancho Ortiz, en presencia también de Bruno García.

Ignacio Romaní recibe el apoyo de Juancho Ortiz, en presencia también de Bruno García. / Julio González

Del plano político pasaron al judicial, y los tribunales han devuelto la pelota al fango político. La última causa archivada en torno a San Juan de Dios, relacionada en esta ocasión con Ignacio Romaní y su etapa de presidente en Aguas de Cádiz, provocó el lunes la reacción del Partido Popular gaditano, que sacó pecho tras el archivo de la denuncia mostrando su apoyo al exconcejal. Y esta intervención ha causado sorpresa en el seno del equipo de gobierno, donde consideran que tanto Romaní como “la camarilla del PP deberían estar avergonzados si hubiera, claro, una pizca de vergüenza”.

Fuentes cercanas al gobierno municipal se apoyan en el informe redactado por la Fiscalía para tumbar esa rotundidad con la que los populares gaditanos se manifestaron el lunes. “Es evidente que existen ciertas sospechas sobre Romaní. La denuncia no se archiva por ausencia de delito, sino por el fallecimiento de dos personas cuyo testimonio se considera clave en la causa”, trasladaban ayer a este medio.

En concreto, del informe del fiscal concluyen las fuentes de Adelante Cádiz que manifiesta “claramente” que existen irregularidades “evidentes” en el pago de facturas al que fuera director de la tesis de Ignacio Romaní, Carlos Guillén. “Dice el fiscal que esas irregularidades bien valen ser investigadas penalmente, pero que la muerte de dos personas clave (el anterior gerente de la empresa, Aurelio Vélez, y un becario de la UCA que trabajó con Guillén, Sergio Sánchez) impiden seguir con la investigación”.

En concreto, el informe de Fiscalía –al que ha tenido acceso este periódico– determina a este respecto que las explicaciones aportadas por los investigados (Romaní y Guillén, principalmente) “dejan varios puntos sin aclarar pero que, lamentablemente, deberán permanecer así ante el hecho irreversible del fallecimiento de dos personas cuyo testimonio en esta causa hubiera sido imprescindible”.

Y añade Fiscalía una relativamente amplia relación de cuestiones que quedan en el aire o que resultan llamativas. “Queda sin aclarar por qué la solicitud de ayudas no se plasmó documentalmente sino que se anotó por el director financiero tras presunta conversación con el gerente fallecido. Queda igualmente sin aclarar por qué existen dos recibís redactados por Carlos Guillén en relación a esa primera aportación de 12.000 euros. Sin resolver queda igualmente el motivo de solicitar en febrero ayudas para una jornada a celebrar en diciembre de ese año, desfase cronológico que no ocurrió en las restantes aportaciones. Tampoco se entiende que siendo dos las empresas colaboradoras con aportaciones económicas, Mapfre y Aguas de Cádiz, solo aparezca en los dípticos la primera. Resulta casual, cuanto menos, la elección del tema de la tesis elaborada por uno de los investigados (Romaní) y dirigida por el otro (Guillén) en tanto coincidente, al menos de manera parcial, con el proyecto inicial de investigación propuesto y con el objeto del trabajo que se dice gratuitamente elaborado. También resulta llamativa la similitud de la cifra de 43.000 euros inicialmente interesada para el proyecto de investigación y la posterior de 42.000 euros recibida en conjunto. Y por último, reclama atención el hecho de que la ayuda concedida tenga lugar entre personas unidas por la relación de doctorando–director de tesis”, indica Fiscalía, que no obstante traslada que todo ello “no basta para armar una acusación y llevar a estas personas a juicio oral”.

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