Estrella Galán (eurodiputada de Sumar): "Lo que se hace en Bruselas afecta hasta en cómo enciendes la luz de tu casa"

Cádiz/Estrella Galán, eurodiputada de Sumar y experta en migraciones, no en vano fue directora la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), a la que estuvo ligada desde 1999, llegó la pasada semana en Cádiz para hablar de Fronteras, Derechos y Europa pero, también, para reunirse con distintos organismos de la ciudad que trabajan con migrantes y con otros colectivos dedicados a la lucha en favor de la vivienda, uno de los grandes problemas de Cádiz. En su apretada agenda del día, reservo un hueco para Diario de Cádiz.

Pregunta.–¿Qué le han transmitido las entidades que trabajan por la vivienda en Cádiz y qué piensa de la situación en la ciudad?, ¿es diferente de la de otros lugares?

Respuesta.–La situación de vivienda en Cádiz es altamente preocupante. Hay una realidad que, pese a que tiene muchos paralelismos con otras ciudades y puntos de la costa española, tiene una particularidad que tiene que ver con la insularidad del territorio, la imposibilidad de crecer, y también una cuestión muy vinculada a una situación de mucha población en situación de alquiler. Una población que en estos momentos está amenazada por unos rentistas y por fondos especulativos que están tratando de convertir Cádiz en un parque de atracciones turístico en el que la gente no tiene cabida, en el que la población gaditana se ve expulsada, en el que no sólo los jóvenes, sino también la población mayor de toda la vida, que ha nacido en sus propias casas, se va a ver obligada a irse; y no solo irse de Cádiz, sino de las ciudades más próximas donde tampoco ya hay cabida. Hay una situación muy amenazante para aquellas personas que dependen de rentas muy básicas, de un salario mínimo, de una pensión o jubilación, porque la especulación de los precios no está en acorde con las rentas de la población. Y esto también resulta una amenaza en otro sentido, pues en Cádiz se está produciendo un descenso de población que no se está dando en otros lugares, y si se baja de esos 100.000 habitantes, se puede ver en el riesgo de ver reducido su presupuesto enormemente. Así que esto no sólo atañe al ciudadano de a pie, o se espabilan las instituciones y ponen medidas, pero de forma urgente, o realmente Cádiz va a tener un problema mucho más grave y más allá del de la habitabilidad.

P.–Está gestionando el expediente desde la perspectiva social de vivienda en el Parlamento europeo. Esta información que recaba en Cádiz, ¿en qué le ayuda en su labor?

R.–En el expediente que estamos trabajando estamos incorporando la perspectiva del Fondo Social Europeo, la perspectiva social, a la realidad de la vivienda en Europa. Desde ahí, lo que hemos incorporado es la necesidad de que el derecho a la vivienda sea un derecho de la Carta Social Europea, como ya lo son la educación o el derecho a la salud. Creemos que esto es fundamental y vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo y, sobre todo, creemos que hay que tratar de evitar que la vivienda siga siendo ese negocio especulativo. Insisto en la idea de que no puede seguir habiendo casas sin gente y gente sin casas. Y, claro, todas estas experiencias que estamos viendo, nos refuerzan en esta labor.

P.–‘Fronteras, Derecho y Europa’. En el contexto del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que se tiene que implementar antes de junio de 2026, ¿cómo riman estos tres conceptos?, ¿empezarán a rimar mejor o peor?

R.–En su origen, la iniciativa fue buena, muy buena. El Pacto nació de la necesidad de armonizar las políticas migratorias en toda la Unión Europea porque había una clara diferencia entre la situación que vivían los países del norte y los del sur, que recibíamos toda la presión migratoria. Fue la crisis de 2015 la que puso en evidencia esta necesidad de un reparto de las llegadas para que, de algún modo, todos los países pudieran soportar la acogida de estas personas que vienen a Europa buscando protección, huyendo de la violencia, huyendo de la vulneración de derechos, y huyendo de diferentes cuestiones, ya sean políticas, religiosas, ideológicas, o incluso, de género o de orientación sexual. Como digo, el punto de partida era bueno, pero se desvirtuó por completo. Por supuesto, los países del norte pusieron toda la carga de la fuerza para que ese pacto se convirtiera en una vuelta más en el cierre de fronteras, para que los países del sur fuéramos los que, una vez más, asumiéramos toda la carga migratoria, mientras que ellos, con una posible solidaridad a la carta, que al final se ha aceptado, pudieran pagar por no acoger, poniendo precio a las vidas humanas.

P.–20.000 euros por cada persona, exactamente

R.–Sí, sí, tenemos precio, no hay rebajas, y es tremendo.

P.–¿Cómo se desvirtuó la intención original?

R.–Pues a partir de la última legislatura del Parlamento Europeo, con el PSOE justo en la presidencia, los socialistas dieron la mano a la derecha y la derecha se la entregó a la ultraderecha. Así, no es de extrañar que el resultado de este Patco sea un retroceso en derechos, que tienen que ver con el blindaje de fronteras, con poner en el centro de todos los problemas a los más débiles y tratar de vincular una sensación de inseguridad a la ciudadanía europea para, de algún modo, justificar todas esas políticas que, posteriormente, se hacen contra las personas, esas necropolíticas que están generando muerte y dolor y, además, que no resuelven los flujos migratorios, porque los flujos migratorios han venido para quedarse y lo que hay que hacer es gestionarlos de otro modo y con otra mirada más humana e, incluso, con perspectiva más pragmática.

P.– Desde luego, los expertos definen las prácticas que se están llevando a cabo como políticas fracasadas.

R.–Son políticas fracasadas desde los años 90. Y lo único que van cambiando son las rutas. Centrándonos en el caso de Cádiz, Cádiz ha sido una de las primeras rutas históricas de la entrada de África a la Unión Europea. Ahora es una ruta que ha bajado bastante en números, y aunque sigue siendo una ruta dramática, no lo es al nivel de otras. Lo que quiero decir es que cuando tú cierras una ruta, se abre otra con mucho más peligro. Y, además, lo más grave de todo es que en todo este proceso de cierre de fronteras y de estrategia para blindar Europa, lo único que hemos hecho es profesionalizar a los tratantes de personas, a los que les da igual cuánto sea la ruta peligrosa para hacer llegar a gente. Ahí tenemos una gran responsabilidad, pero este tema genera una gran rentabilidad política que se está funcionando a las derechas y a la ultraderecha.

P.–¿Y el PSOE? Decía antes que en Europa se entregó a la derecha

R.–El partido socialista, bueno, hablo de los socialdemócratas, no ha sido lo suficientemente valiente a nivel europeo y, sinceramente, hacen falta políticas valientes que nos lleven a ver que hay narrativas en positivo y que hay dos cuestiones en el enfoque de políticas migratorias, una que tiene que ver con el derecho a la movilidad humana, y otra que tiene que ver con una necesidad europea demográfica. Lo que no se puede es seguir trabajando en políticas tan hipócritas que, por un lado, estemos diciendo que los necesitamos, el Banco Mundial dando datos, la propia Comisión indicando que de aquí a 2030 necesitamos más de un millón de personas al año. Es decir, estamos dando datos numéricos brutales de las necesidades de personas que necesitamos para poder avanzar en la Europa del bienestar, y, por otro lado, hacemos políticas imposibles e infrahumanas para evitar que lleguen.

P.–Hace unos días decía la ministra Elma Sáinz que el Gobierno de España sí va a ser capaz de implementar el Pacto Europeo de Migración “desde una perspectiva humanitaria, solidaria y eficaz”. ¿Eso es posible?

R.–España ha presentado en diciembre una propuesta de implementación que estamos analizando, pero la propuesta es todavía muy difusa. Como cosas positivas puedo decir que proponen un monitoreo del plan por parte del Defensor del Pueblo y de la OIM, algo que genera una expectativa de que pueda al menos haber un estamento objetivo que pueda hacer vigilancia del cumplimiento de derechos humanos. La parte negativa es que no hay ninguna participación, al menos sobre papel, de las ONGs y de la sociedad civil. Y también hay cuestiones muy preocupantes como que ahora, por implementación del Pacto, habrá que hacer unos procedimientos exprés en la frontera para la aceptación o rechazo de personas. El Pacto plantea un máximo de cinco días para ese proceso y España lo recorta a tres. Nos preocupa mucho que en esos procesos exprés no se puedan identificar las vulnerabilidades de las personas, porque tenemos que tener en cuenta que cuando alguien llega para poder contar su historia tiene que tener una cierta confianza para poder abrirse y contar que ha sido violada, que su familia está en un momento determinado sufriendo una extorsión, que ha tenido que huir de una situación muy concreta... Pensemos que muchas de estas personas están huyendo de países donde son las propias autoridades quienes las extorsionan y a los primeros que se enfrentan son a instituciones policiales a quienes tienen que contarles su verdad. Nos preocupa también qué va a pasar y en qué espacio se va a retener a las personas. El Gobierno de España, de momento, ha identificado que no va a abrir nuevos espacios, pero seguirá utilizando los CATES, que aquí en la provincia de Cádiz tenéis, y los CIES, que son espacios que, desde nuestro punto de vista, no se respetan los derechos humanos y que deberían de cerrarse de forma inmediata. Por tanto, veremos a ver qué es lo que sucede. Nos preocupa mucho que los espacios frontera, como son Cádiz, como son las Islas Canarias, como son toda la frontera sur de España, que es frontera sur de Europa, nos preocupa que puedan convertirse en espacios de recepción y devolución de personas sin las garantías necesarias.

P.–Usted salta a la política en las elecciones europeas desde el mundo del activismo. Después de todo esto que estamos hablando del Pacto migratorio, después de ver una Europa que, a lo mejor, no ha sido lo suficientemente útil o contundente en conflictos como el de Israel/Gaza o Ucrania/Rusia. ¿Se arrepiente?

R.–A ver, esta legislatura en el Parlamento es, como bien sabe, una legislatura de mayorías de derecha y ultraderecha, tenemos tres grupos de ultraderecha, algo que no había pasado nunca en el Parlamento Europeo. Eso muy preocupante ver cómo toda la intencionalidad es avanzar en retroceder en derechos, cómo la ultraderecha está marcando la agenda política y cómo el Partido Popular Europeo está dejándose llevar por la brújula de las fuerzas del odio. En ese sentido, lógicamente, hay partes que tienen que ver con la frustración de sentir que estás en un espacio que, con las minorías que representas, no vas a poder generar todos los cambios que serían necesarios, pero no renuncio a que mi voz en el Parlamento sea una voz de defensa de los derechos humanos y de tratar de generar la máxima acción posible para visibilizar esas situaciones dramáticas e inaceptables que se están viviendo y que tienen que ver con el genocidio en Palestina, que tienen que ver con la situación en el Sahara Occidental o con cualquier opresión de los pueblos, que la Unión Europea tiene también responsabilidad con su silencio cómplice. Por tanto, no me arrepiento, pero sé que va a ser una legislatura dura y que también tendré que saber gestionar las fuerzas, pero no voy a renunciar a seguir luchando por los derechos humanos, por el derecho internacional y por la justicia social.

P.–No sé si comparte la sensación de que, en cierta manera, el ciudadano de a pie siente muy lejos lo que ocurre en el Parlamento Europeo y, sin embargo, pongo el ejemplo de Cádiz, muchos de los grandes proyectos que se llevan a cabo dependen de fondos europeos. ¿Cree que ustedes deberían hacer un poco más de didáctica con el ciudadano sobre en qué medida afectan en su día a día las decisiones que ustedes toman en Bruselas?

R.–Estoy completamente de acuerdo. Creo que hay que acercar las instituciones europeas, hay que aterrizarlas al ciudadano. Yo lo que me he encontrado es que, en términos generales, en el resto de Europa hay un muchísimo mayor conocimiento del funcionamiento de las instituciones europeas y la ciudadanía es muy consciente de la importancia del marco que se va a plantear en Europa y que luego va a afectar a más del 40 o 50% de las políticas que se aterrizan en sus países. Entonces, aquí, en España, deberíamos hacer un ejercicio, no tanto didáctico, sino de aterrizaje de las políticas y de acercar las instituciones europeas al ciudadano de a pie para visualizar cómo lo que se hace en Bruselas afecta hasta en cómo se enciende la luz de su casa.