Una empresa gaditana se ha hartado de los impagos del Ayuntamiento de Cádiz y le ha notificado que interrumpirá el 1 de octubre todos los servicios que le presta. Se trata de Serramar Seguridad, otra víctima de la situación financiera de los ayuntamientos, que deben a esta firma, con sede central en Cádiz y 1.800 trabajadores en nómina en toda España, alrededor de dos millones de euros. De éstos, 1.300.000 euros se los adeuda en el Consistorio gaditano, según explicaba ayer el director general de Serramar, Jesús Nagore, que ofrecía un dato más que relevante: esta firma inició el servicio de vigilancia y de azafatas para el Centro Cultural Reina Sofía en julio de 2009 y desde entonces no ha cobrado ni un solo mes. Además, Serramar dejará de trabajar en el Gran Teatro Falla, el depósito de vehículos, el Baluarte de la Candelaria y la Central Lechera.

"Hace un mes realizamos la reclamación de la deuda y comunicamos la rescisión del contrato, pero no hemos obtenido respuesta alguna por escrito. Todos son promesas y evasivas", comentaba Nagore. El director general asegura que han intentado plantear al Ayuntamiento "todo tipo de soluciones para cobrar, incluidos pagos aplazados, sin éxito alguno". Nagore afirmaba no entender cómo el Ayuntamiento "sigue sacando a concurso servicios si luego no pueden pagarlos. No podemos dejarnos arrastrar por el Ayuntamiento, de ahí que hayamos decidido interrumpir los servicios". Incluso Serramar decidió no realizar el servicio de vigilancia en las barbacoas del Trofeo de este año "por no aumentar la deuda".

Jesús Nagore reconocía que la solvencia y la previsión de la empresa para la que trabaja le permite afrontar los pagos de las nóminas de unos servicios no cobrados por Serramar, pero añadía que la situación "no se puede prolongar porque la crisis puede ser duradera y en algún momento podríamos tener problemas de pagos a los trabajadores".

La deuda que el Ayuntamiento mantiene con los proveedores ronda los 90 millones de euros. En noviembre de 2010 anunciaba José Blas Fernández, teniente de alcaldesa de Economía y Hacienda, la elaboración de un plan especial de pago que permitiría reducir en cinco meses el periodo entonces vigente para abonar facturas: 15 meses. Fernández afirmó que en el primer trimestre de 2011 se pondría en marcha este plan con la aportación de hasta 30 millones de euros con objeto de pagar a las empresas que prestan servicios municipales "y para que se pueda garantizar el empleo de sus trabajadores". El dinero saldría de un préstamos bancario a corto plazo con el objetivo de que fueran cobrando los acreedores que llevaban más tiempo esperando.

El Consistorio gaditano espera como agua de mayo los 11 millones de euros extras que obtendrá de aquí a final de año a través de la nueva línea ICO que da créditos hasta el 25 por ciento de la cantidad recibida de la participación de ingresos del Estado. Esta medida, aprobada por el Gobierno central este mismo verano, ayudará a pagar facturas pendientes a autónomos y pequeñas empresas, aunque los créditos especifican que sólo podrán abonarse deudas a empresas que cuenten con menos de 250 trabajadores, que no es el caso de Serramar.