Si Eléctrica de Cádiz (EC) comenzase a operar también como comercializadora de referencia (COR), además de en el mercado libre, podría ofrecer el bono eléctrico estatal al menos a 12.000 personas, frente a las aproximadamente 1.100 del local, obteniendo unos beneficios de entre 525.000 euros y 160.000 en el caso de que los clientes que las solicitasen estuviesen entre el mínimo antes citado y los 30.000 bonistas.

Esta es una de las principales conclusiones de un informe técnico al que ha tenido acceso Diario de Cádiz elaborado por la Asamblea Popular 15-M Luis Pérez después de que el Ministerio de Energía, Industria y Agenda Digital -hoy de Transición Ecológica- dictaminase que EC puede ejercer también como COR, requisito imprescindible para poder ofrecer el bono eléctrico estatal. La ayuda gubernamental es actualmente la única vigente.

"Con el bono local sólo se podría atender al 70% de familias asistidas por Asuntos Sociales"

"Habría que consultar si se podría contratar específicamente para una actividad regulada"

"La financiación propuesta es una jugada fiscal típica para desgravar y ganar más"

En el documento del 15-M se rebate, además, el informe encargado por el presidente de EC, David Navarro, a la gerencia de la compañía, que concluía que sería económicamente desastroso para la empresa y para el Ayuntamiento que comenzase a operar como COR, además de en el mercado libre como hasta ahora.

"Tras analizar el informe fechado en abril de 2018 comprobamos con sorpresa que existen datos inexactos o poco explicados -plantean en el documento- Las dudas sobre la legalidad o no de la puesta en marcha de una COR es resuelta por el ministerio, respondiendo que es totalmente legal si la comercializadora reúne una serie de requisitos, que se cumplen [...] Así que se cae el tema legal al que se acogían la gerencia y el equipo de gobierno para no optar por esta solución". En este punto recuerdan que "incluso se presionó al Defensor del Pueblo Andaluz aludiendo a que es imposible adoptar esta solución y solicitando su amparo para así firmar el bono local".

Los autores observan "que se presenta un estudio económico muy reducido en el que se concluye rápidamente que la implantación de la COR es imposible desde el punto de vista económico, concluyendo que los costes de implantación sobre los 140.000 euros y disminución en ingresos por potencia y energía por gestiones de la comercializadora por el traspaso de clientes de mercado libre a regulado conllevarían nefastas consecuencias debido a la disminución de clientes de mercado libre. Esto implicaría que les tendrían que subir los precios por gestiones de representación ante la distribuidora a los clientes de mercado libre, lo que provocaría un serio riesgo, según la gerencia, para la supervivencia de la empresa debido a la posible marcha de dichos clientes".

El 15-M recuerda que "la gerencia apuesta por el bono local eléctrico y en su conclusión comenta que este bono tendría un coste anual de 600.000 euros, lo que según ellos lo hace más viable que el del coste de 140.000. Pero reconoce textualmente que el número de beneficiarios que este bono podría asumir quedaría muy limitado".

"Una vez analizados los escasos datos económicos aportados en el informe observamos que a la hora de plantear las distintas hipótesis, según el grado de impacto de clientes que se acogieran al bono estatal -deduce el colectivo- la empresa comercializadora siempre seguiría teniendo beneficios, y que estos estarían entre los 525.000 y los 160.000 euros si los clientes que se acogieran a estas ayudas se movieran entre los 12.000 y los 30.000 bonistas".

"Con el bono local -argumentan desde el 15-M- tan sólo se podría atender anualmente al 70% de familias que ahora están siendo ayudadas por Asuntos Sociales, con limitación de potencia y consumo y en todo caso, con menores valores de consumo y potencia bonificada que las ofrecidas por el bono eléctrico nacional. Hablamos de un bono local que cubriría una demanda de unos 1.100 bonistas ante uno estatal que en las más bajas previsiones cubriría unos 12.000, según las hipótesis de la empresa".

"En los datos económicos analizados -continúa el informe- vemos que la gerencia lo que hace es sumar el gasto fijo de 140.000 euros a la perdida de ingresos por representación ante la distribuidora y lo resta del resultado de la sociedad antes de impuestos. Aquí observamos que en ningún caso se hace mención a los ingresos que obtendría la comercializadora por sus clientes bonistas; tampoco entendemos los gastos de alquiler, ni el personal asociado a esta actuación empresarial".

También echan de menos los autores del informe "un estudio donde se cuantifique y se exponga cómo afectaría la puesta en marcha de una COR al grupo empresarial Eléctrica de Cádiz (comercializadora y distribuidora), ya que es de suponer que los ingresos de la distribuidora serán mayores tanto si optamos por una fórmula de PVPC [precio voluntario para el pequeño consumidor] como si lo hacemos por una tarifa fija regulada anual". "Esto conllevaría -aseguran- un aumento de ingresos en la distribuidora que compensaría la disminución de ingresos de la comercializadora".

Tampoco están de acuerdo con la afirmación de la gerencia de que "al añadir una actividad regulada en el seno de la comercializadora, ésta no pueda contratar nuevo personal" y "tal vez sería oportuno que se consultase con el órgano competente a tal efecto".

La Asamblea Popular también se refiere en su informe al presentado por el despacho de abogados Cuatrecasas en septiembre de 2017, a petición de la Fundación Eléctrica de Cádiz, con el fin de resolver dudas sobre la fórmula acordada para poner en marcha el bono local eléctrico. "De este informe se desprenden dos actuaciones a resolver antes de ponerlo en marcha: una consulta a la Dirección General de Tributos (DGT) para asegurar que la fórmula empleada para financiarlo es correcta y no es una práctica de ingeniería fiscal con el fin de deducir impuestos", por un lado, y la "existencia de cargos caducos en la Fundación", por otro.

Desde el 15-M recuerdan que se elevaron dos preguntas a la DGT, una desde la fundación y otra desde la empresa, que el plazo de respuesta de seis meses ya está vencido para ambas, y que el resultado por silencio administrativo dependerá de cómo se hayan formulado cada una de ellas.

"Nuestra asamblea siempre ha puesto en duda esta fórmula propuesta por la Mesa contra la Pobreza Energética ya que nos parece una jugada fiscal más típica de grandes grupos empresariales, que usan las fundaciones como meras comparsas para desgravar impuestos y así aumentar sus beneficios -opinan-. Creemos que el procedimiento de financiación del bono local pretende claramente deducir impuestos, ya que la empresa que aporta la financiación es la que finalmente recibe el pago de la energía suministrada".

El 15-M resume así la fórmula planteada: "Eléctrica de Cádiz S.A. (distribuidora), con beneficios superiores a los 8 millones de euros, financia con 2,4 millones el bono local mediante una donación a su propia fundación (Fundación Eléctrica de Cádiz), que a su vez le cede parte de este dinero al pago de facturas a través de la Comercializadora Eléctrica de Cádiz SAU (donde el socio único es Eléctrica de Cádiz SA.). Con lo cual, una empresa dona dinero a una fundación de su propiedad, que posteriormente se encarga de pagar las facturas emitidas por esta empresa a través de otra empresa de la que la donante es socia única. Además de ahorrar entre el 30% y 45% de impuestos, el dinero donado regresa a la sociedad donante".

Sobre la caducidad de los cargos de la fundación argumentan que, "es incomprensible que desde septiembre de 2017 no se haya tenido tiempo para regularizar esta situación" y califican de "insólito" que ni el Ayuntamiento ni el Consejo de EC hayan instado a ello por escrito.