La Asamblea Popular 15 M, Luis Pérez, colectivo que lleva luchando desde hace más de cinco años por minimizar la pobreza energética en la ciudad, reclama a Eléctrica de Cádiz, empresa de capital mayoritario municipal, que empiece a tramitar la puesta en marcha de la comercializadora de referencia, con el fin de no ocasionar más retrasos en la "rocambolesca tramitación" del bono eléctrico estatal.

Además, "ante los retrasos ocasionados, la falta de planificación, el oportunismo político y el desconocimiento de la legislación básica en los que se ha incurrido desde el inicio del proceso de confección del bono local", piden a los partidos políticos, con representación en el Pleno o sin ella, "que soliciten dicha conversión para poder ofertar el bono estatal a través de la Comercializadora Eléctrica de Cádiz SAU".

"Es la solución con más beneficios para la empresa, sus clientes y Asuntos Sociales"

El colectivo presentó hace cuatro años más de 3.000 firmas en el Ayuntamiento para que se tomasen medidas desde las empresas publicas o participadas por el municipio para paliar y minimizar la pobreza energética relacionada con los suministros básicos de energía y agua. Pese a haber mantenido contactos con el equipo de Gobierno, todas las formaciones políticas y otros colectivos ciudadanos, sólo contó desde el principio con el apoyo incondicional de Vecinos de Cádiz-Federación 5 de Abril, que aglutina a la mayoría de las asociaciones de vecinos. "Tomamos partido por la implantación del bono estatal dentro de la estructura de EC, ya sea como empresa (actividad regulada) de nueva creación o como comercializadora con contabilidades separadas (actividad regulada y actividad libre mercado)", reafirman desde la asamblea.

El colectivo opta por está solución "ya que analizada era la que mayores beneficios aporta tanto para el grupo empresarial como para sus clientes". "Estos beneficios -insisten- implican una mejora con respecto al bono eléctrico local desde el punto de vista económico, legal y de prestaciones de cobertura, tanto técnica como en número de usuarios".

Y concluyen que "la implantación de está medida supondrá beneficios de carácter social para la ciudad de Cádiz y para los clientes de la comercializadora que sin pasar a otra compañía podrán acogerse a descuentos significativos del 25% y el 40% según las condiciones familiares, aun sin estar atendidos por Asuntos Sociales".

A esto último añaden que también Asuntos Sociales se verá beneficiado "ya que con el mismo dinero que se gasta en la actualidad, podría dar solución al doble de familias haciendo frente al total de las facturas de estas familias, que a día de hoy son atendidas desde la delegación, sin que se les pudiera cortar la luz en ningún caso y sin que tengan que ir cada mes a solicitar la ayuda, ni que se les reduzca el tope de potencia contratada".

"El equipo de gobierno está pagando en ayudas más de lo que le corresponde, ya que tal como indica el propio Defensor del Pueblo Andaluz, es necesario que los Asuntos Sociales de los municipios firmen convenios con las comercializadoras de referencia para poder maximizar las ayudas que se están dando en la actualidad", afirman desde la asamblea.

Desde el 15-M vuelven a "tender la mano para explicar cuál es la forma más oportuna de poner en marcha estas ayudas sin que supongan un quebranto económico ni para la empresa ni para su socio mayoritario, sino todo lo contrario: llegando a conseguir mejores resultados económicos y cubriendo un porcentaje infinitamente más alto de bonistas".