El edificio elegido para la clínica en Altadis tiene un valor de seis millones de euros

La operación para la modificación en el PGOU del uso de parte del suelo industrial de la antigua factoría de Altadis para la instalación de la clínica hospitalaria promovida por Gestión Hospitalaria Gaditana (formada por Grupo Médico López Cano y Oculsur) podría convertirse en un mal negocio para el Consorcio de la Zona Franca si ésta no se lleva a cabo. El inmueble en donde se pretende instalar el centro sanitario, según explicó ayer el delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Jorge Ramos, tiene un valor estimado de seis millones de euros, frente a los 37,5 millones de euros que costó la compra de los más de 100.000 metros cuadrados que conforman la parcela en donde se encontraba la fábrica de tabacos.

El problema radica en la intención inicial del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz de mantener en el planeamiento de la ciudad esta zona con un uso industrial al completo, aunque en las negociaciones con los promotores de la clínica hospitalaria se ha avanzado en la posibilidad de que se pueda hacer la variación puntual si existe viabilidad técnica. Ramos aseguró que si se cumple el primer planteamiento "implicaría derribar el edificio y tirar a la basura los seis millones de euros de valor del inmueble".

El delegado del Estado de la Zona Franca defendió que este edificio no puede soportar trabajos industriales por "no cumplir las condiciones" para estas labores al "no estar preparados para la maquinaria". Asimismo, la "oferta importante de oficinas" que tiene la ciudad desaconseja que se mantenga para este uso.

Ante esto, y con la oferta sobre la mesa para la construcción de una clínica hospitalaria, Ramos afirmó que el proyecto presentado por la empresa al Consorcio "nos pareció razonable" y "con una incidencia en el total de la parcela que es mínima". De hecho, la planta del edificio en cuestión es de 1.300 metros cuadrados, frente a los más de 100.000 metros cuadrados que han sido integrados en el recinto interior de la Zona Franca tras la compra de los terrenos.

Con todo, esta entidad está trabajando en la presentación de la solicitud para la modificación puntual del PGOU para que tanto este edificio administrativo como otro inmueble de oficinas que ocupa unos 6.000 metros cuadrados pasen a tener un uso dotacional que complemente al industrial para abrir la posibilidad de la instalación de nuevas actividades económicas. Un proceso con el que, indicó Ramos, "lo que hacemos es homogeneizar el planeamiento en los dos sectores".

Para ello, tal y como señaló Ramos, el documento ya está elaborado y se tiene que abordar entre técnicos de la Zona Franca y el Ayuntamiento, y el equipo redactor. De ese encuentro, el delegado del Estado del recinto fiscal apuntó que "estamos dispuestos para recoger los matices y las correcciones que hagan falta". Una vez cumplido este proceso, el documento será elevado a definitivo, uniéndosele el estudio de impacto medioambiental, en el que todavía se está trabajando. Tras esto, la intención de Ramos es volver a reunirse con el alcalde de Cádiz, José María González, y el concejal de Urbanismo, Martín Vila, para intentar que la operación llegue a buen puerto. Un procedimiento que se debe hacer entre "administraciones complementarias y nunca enfrentadas".

Con todo, Ramos defendió que la construcción de la clínica "es buena para la ciudad" al indicar algunos motivos como la inversión que se va a realizar y los puestos de trabajo que se generarán. Asimismo, estableció la diferencia entre este proyecto y el de la Junta de Andalucía para instalar la Ciudad de la Justicia, ya que a los otros 6.000 metros cuadrados disponibles de oficinas había que añadir "entre 25.000 y 30.000 metros cuadrados", por lo que "parte de lo industrial había que convertirlo en oficinas".