La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado al ex director de un banco de la capital gaditana a dos años de prisión por apropiarse de 56.600 euros de la pensión de un cliente fallecido.

El directivo de la entidad financiera, ya despedido, confesó el fraude en el juicio y reconoció que lo hizo “por lo apurado de su situación económica” y “a sabiendas de que estaba disponiendo de un patrimonio cuya custodia le incumbía”.

Y es que el ex responsable de la sucursal gaditana se apoderó de esta importante suma de dinero en tan solo un año ordenando transferencias a su favor desde la cuenta bancaria del pensionista fallecido.

La sentencia dictada por el tribunal de la Sección Primera, encargado de juzgar este caso, explica de forma pormenorizada cómo se produjo el engaño.

La Seguridad Social siguió pagando al pensionista 15 años después de su muerte

El Instituto Social de la Marina (ISM), entidad de Derecho Público encargada de la gestión del Régimen Especial de la Tesorería General de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, reconoció una pensión de incapacidad permanente absoluta a L., que la cobraba en una cuenta corriente que abrió en una entidad bancaria de Cádiz. Él era su único titular.

El ingreso de la pensión se prolongó desde el 1 de mayo de 1978 hasta el 11 de mayo de 2012, si bien L. murió el 19 de enero de 1997. Pese a ello, la Seguridad Social siguió abonando las rentas en su cuenta durante 15 años después de su muerte. No fue hasta el 11 de mayo de 2012 cuando el ISM tuvo conocimiento del fallecimiento del pensionista.

Dos años antes, en 2010, el director –y después empleado– de la sucursal donde el pensionista domicilió los pagos del ISM realizó numerosas transferencias a su favor desde la cuenta del finado, y ello a sabiendas de que este cliente ya había fallecido.

Así, el trabajador del banco transfirió a la cuenta que tenía en común con su esposa 1.830 euros el 13 de enero de 2010, 2.500 euros el 11 de octubre de 2010 y 1.000 euros el 12 de noviembre de 2010.

A otra cuenta corriente de la que era titular único, desvió entre el 13 de enero de 2010 y el 4 de noviembre de 2010 importes no inferiores a 1.000 euros ni superiores a 3.000 euros hasta alcanzar un total de 35.945 euros.

Por último, el ex directivo abrió en fecha desconocida una cuenta corriente a nombre de su mujer y, sin conocimiento de ésta, pasó las siguientes cantidades: 6.925 euros el 13 de enero de 2010; 2.500 euros el 11 de febrero de 2010; 1.500 euros el 3 de marzo de 2010; 1.900 euros el 8 de marzo de 2010; y 2.500 euros el 5 de octubre de 2010.

El ex directivo no ha reintegrado hasta la fecha "un solo euro"

En diciembre de 2010, la entidad financiera descubrió el fraude llevado a cabo por su empleado. Ese mismo mes lo despidió, si bien no avisó a la Tesorería de que seguía percibiendo en su sucursal la pensión de un cliente fallecido “en una dejación total de sus obligaciones”, subraya la sentencia.

El ahora condenado, que “no ha reintegrado hasta la fecha un solo euro” de los 56.600 que se agenció, destinó este dinero “a la cancelación de préstamos y créditos contraídos para la adquisición de bienes gananciales y para la regular atención de los gastos de la unidad familiar”.

Tal y como especifica la resolución judicial, el 25 de abril de 2017 el banco devolvió al Instituto Social de la Marina 11.323,50 euros que aún quedaban en la cuenta del pensionista fallecido. La entidad también hizo efectivo al ISM el reintegro de los cuatro últimos años –desde junio de 2008 hasta mayo de 2012– en aplicación del Reglamento General de la Gestión Financiera de la Seguridad Social.

Condenado a devolver el dinero

Además de la pena de dos años de cárcel, la Audiencia de Cádiz impone al ex director financiero una multa de 1.260 euros así como el pago de una indemnización de 56.600 euros a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, que ha ejercido la acusación particular en este asunto. El tribunal establece que el banco sea responsable civil subsidiario.

La esposa del procesado también acudió a juicio por este caso. Tanto la Fiscalía como la Seguridad Social la consideraban coautora de la apropiación indebida cometida por su marido. La Sección Primera, sin embargo, la ha absuelto de este delito, pues estima que ella “siempre permaneció completamente ajena a los hechos”. Eso sí, el fallo obliga a la mujer a restituir a la Tesorería General de la Seguridad Social la cantidad de 56.600 euros en defecto del responsable civil directo.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Gracia, no es firme y puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.