No es una ni dos, sino cuatro denuncias las que según el Partido Popular están actualmente sobre la mesa del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía contra la gestión del Ayuntamiento de Cádiz. Un número concreto que hasta ahora no se conocía y que según avanza el presidente de los populares, Juancho Ortiz, están siendo tramitadas en los tres casos.

Según ha podido saber este periódico, la primera denuncia ante la Agencia de Protección de Datos se remonta a marzo del pasado año, cuando se pone en su conocimiento la ausencia en el organigrama municipal de la figura del delegado de Protección de Datos al que ya obliga la ley a cualquier administración pública; una ausencia que según aseguró Martín Vila hace escasos días ya ha sido solucionada, aunque Juancho Ortiz insiste en que “no hay constancia oficial conforme a ley de su existencia”.

Esa primera denuncia, que incorporaba el incumplimiento del principio de transparencia de la política de privacidad de la web municipal, derivó en un plazo de tres meses para que el Ayuntamiento presentara alegaciones, transcurrido el cual el 30 de septiembre fue admitida a trámite.

Apenas unos días después se presentó la segunda denuncia, coincidiendo con el inicio de la consulta pública sobre el cambio de nombre del Estadio. Una denuncia por incumplimiento de la Ley de Protección de Datos, que también ha sido admitida a trámite después de que el Ayuntamiento presentara (el 25 de noviembre) un informe respecto a las irregularidades denunciadas en relación al proceso.

A estas dos denuncias se unen otras dos que elevó también un ciudadano contra el mismo proceso de cambio de nombre del Carranza. Denuncias estas últimas presentadas el 30 de octubre y el 12 de noviembre, e igualmente fueron admitidas a trámite con fecha 10 de diciembre, ordenando también el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía la apertura de una investigación de oficio para esclarecer todo lo denunciado y tramitar, en su caso, “el correspondiente procedimiento por infracción de la normativa de protección de datos personales”.

Al respecto de estas posibles infracciones, Juancho Ortiz avisa de que suelen derivar en “un castigo severo con cuantías económicas considerables”. “Habrá que ver cómo acaba el expediente y quién paga, en su caso”, se pregunta el concejal del PP, muy crítico con la gestión “a sabiendas” que sobre este procedimiento de nomenclator ha hecho el equipo de gobierno.