Diversos padres y tutores gaditanos de personas con discapacidad han elevado una queja tanto a la Junta de Andalucía como al Estado debido a que, pese que se han cerrado los centros de día donde acudían estas personas en cada jornada, las prestaciones económicas no llegan a las familias sino directamente a los lugares donde se les atendía antes de que se produjera el estado de alarma.

Según lo que aparece en la denuncia que se ha elevado tanto a los centros concertados, como a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta y al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), se explica que miles de personas en Andalucía y en España son titulares del derecho de acceso al Servicio de Centros de día a través de las unidades de estancia diurna gracias  a la Ley de Dependencia.

En concreto en la provincia de Cádiz hay 28 centros de este tipo y la Junta destina más de 1,1 millones de euros y se llega a 2.296 personas en total. En la capital gaditana el único centro de estancia diurna es el de Afanas.

El sistema determina que la ayuda que presta la Junta a cada persona dependiente se le pague directamente a cada centro concertado para que lo gestione. Sin embargo, la queja que se produce entre estos padres es que se encuentran cerrados, no pueden acudir a las aulas y ni siquiera se haya articulado ningún recurso público a las familias. Hay que tener en cuenta que, además, las personas con discapacidad están calificados como población de riesgo.

Los padres se pregunta que por qué no se articula una ayuda pública directa a las familias mientras dure el decreto del estado de alarma. El quid de la cuestión está en que los titulares de las ayudas que se reciben son las propias personas con discapacidad y lo que hacen estos centros concertados es gestionarlas con los servicios que le prestan.

La denuncia especifica que la no prestación del servicio por parte de los centros concertados a los usuarios "impide a los titulares del disfrute del derecho reconocido". Esta circunstancia reconocen que es excepcional y circunstancial pero "está impidiendo el acceso a un recurso público a sus beneficiarios".

Eso tiene una traducción a nivel práctico y es que todas estas personas se encuentran confinadas y encerradas en sus casas sin que se le preste ningún servicio alternativo. A ello se le añade que esta situación "está impidiendo el desempeño da los progenitores de su actividad laboral y, por tanto, lesionando doblemente los intereses de los usuarios".

En primer lugar, consideran que las personas con discapacidad no reciben "el servicio que por derecho le corresponde" y, en segundo, porque al necesitar los usuarios del cuidado y vigilancia por su situación de dependencia "merma capacidad de ingresos del trabajo a las familias y, por consiguiente, va en detrimento de la calidad de vida de los usuarios y titulares del derecho".

Así, estos padres recuerdan que la orden del estado de alarma "establece el cierre de los centros pero no suspende el derecho a la prestación del servicio". De este modo, reclaman que se articule algún sistema de ayuda pública directa a los propios dependientes mientras dura el estado de alarma, ya que el dinero que presta la Junta sigue llegando a los centros concertados para mantener el empleo de los profesionales de los mismos.

El CERMI estatal ha sido el primero en responder a la queja de los padres. Lo primero que le dicen es que la queja se ha trasladado a este mismo centro en Andalucía  pero reconocen que se encuentran "abrumados y desbordados" ahora mismo.

Consideran que lo que se produce ahora es "una situación de fuerza mayor" y se suspende la actividad "por orden gubernativa, no imputable a la entidad social gestora, que es sujeto pasivo de la decisión de la Administración".

Sin embargo, justifica en que se siga dando el dinero a los centros porque "durante el cierre siguen manteniendo importantes costes, entre ellos el principal, el de plantilla". de este modo, el CERMI afirma que "salvo que fueran regulados temporalmente de empleo "en que pasarían a incrementar las cifras de desempleo, que serán brutales, y percibirían prestación pública  (el gasto público se produciría en todo caso)".

Asimismo, recuerda que el personal de los centros han pasado a realizar otras funciones, "adaptadas a las nuevas circunstancias. No está ocioso, en ningún caso".

Así, culmina el CERMI que les parece motivos más que suficientes "y acordes con el ordenamiento jurídico "para mantener los conciertos aun en esta situación excepcional. No vemos que sea una medida censurable, en modo alguno".

Uno de los padres que ha elevado la queja, el gaditano José Berasaluce, asegura que "no tiene sentido que se le esté dando el dinero a los centros concertados a unos centros que no tienen a los niños en sus aulas. Lo lógico es que la Junta arbitre unas medidas de ayuda a domicilio y que llegue a las familias. Si esto va a durar hasta septiembre u octubre, la situación se va a ir agravando".