El proyecto de conversión de Valcárcel en la nueva Facultad de Educación de la Universidad de Cádiz sigue siendo objeto de carambolas de un lado al otro, pero no da un paso al frente. La eterna negociación y supuesta predisposición de las administraciones para hacer realidad el proyecto universitario en el que se ha empeñado la ciudad sigue estando en punto muerto, siendo cada vez más difícil vislumbrar por qué no avanza, dónde está la piedra del camino o en el tejado de qué institución se encuentra la pelota.

El consejero de Universidades de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha vuelto a pronunciarse este martes sobre Valcárcel, insistiendo en el compromiso de la administración autonómica y señalando la clave actual de la parálisis: "pendientes del proyecto de ejecución que tiene que remitir la Universidad de Cádiz", ha asegurado en un acto al que ha asistido en Tarifa.

Según ha ahondado el consejero, hasta que no esté realizado y aprobado ese proyecto de ejecución que redacta la UCA no se puede conocer con detalle la valoración presupuestaria de la operación en Valcárcel. Y sería entonces cuando esas cantidades económicas se incorporarían, por un lado, al convenio pendiente de suscribir entre las administraciones y, por otro lado, al presupuesto de la Junta de Andalucía.

Por tanto, pese a las críticas de la oposición en la Junta, Diputación o Ayuntamiento, y al cruce de acusaciones y comentarios, parece que la clave está en ese proyecto de ejecución que tiene que entregar la Universidad.

De hecho, el propio rector de la UCA, Francisco Piniella, así lo admitía a finales del pasado mes de junio tras una reunión que mantuvo con el alcalde, Bruno García. Reconocía entonces Piniella que el convenio en el que vienen trabajando Junta, Diputación, Ayuntamiento y la propia UCA desde diciembre de 2022 estaba pendiente del coste de la ejecución y llegaba a afirmar que "ese numerito esperemos que esté en los primeros días de julio", para a raíz de esa fecha poder cerrar la redacción definitiva del convenio.

Es más, Piniella explicaba en ese encuentro con Bruno García que el proyecto de ejecución era fundamental  también porque sin ese documento y sin el convenio firmado no se podía licitar el proyecto. Algo que también corresponde a la Universidad. Y al hilo de esto recordaba que la única administración que había asegurado dinero en el presente ejercicio era la Junta, que en su presupuesto de 2023 incluía una partida de 2 millones de euros para empezar con la operación de Valcárcel (ya que los 5 millones anunciados en su día por el Ayuntamiento de Cádiz nunca se consignaron en el presupuesto, prometiendo el nuevo alcalde que sí estarán en el presupuesto municipal de 2024).

Los próximos pasos

Así las cosas, y según la última información aportada por el consejero de Universidades, el proceso para traer a Cádiz la Facultad de Educación depende ahora, en primer lugar, de que la UCA entregue el proyecto de ejecución. Y tras esto, lo normal es que se cierre el convenio entre las administraciones para proceder a su firma.

Todo esto acontece cuando se cumplen ya 11 meses de la reunión clave que las administraciones mantuvieron en Sevilla para desbloquear Valcárcel, y en la que se propuso un calendario que no se está cumpliendo en ningún momento, ya que se contemplaba firmar el convenio antes de terminar el año para empezar las obras este 2023 y finalizaran en 2026.

Desde entonces, han variado los responsables municipales (ese acuerdo lo cerró Kichi pero lo firmará Bruno García) y provinciales (a la reunión asistió Ruiz Boix y la Diputación la preside ahora Almudena Martínez), a lo que en los próximos meses se sumará la propia Universidad (que celebra elecciones este otoño a las que no optará a la reelección Francisco Piniella).

Otro convenio pendiente

Por si todo esto fuera poco, hay otro fleco en este proyecto que ha quedado pendiente desde el pasado mes de diciembre. Y es que el convenio de cesión de Valcárcel a la UCA por parte de la Diputación caducó el día 19 de ese mes de diciembre, tal y como estipulaba el documento si no se iniciaban antes las obras. Así, ambas instituciones deben redactar y suscribir un nuevo convenio por el que la Universidad pueda disponer del histórico edificio para construir la Facultad. Una certeza que, a su vez, depende del convenio a cuatro bandas que está a la espera de ese proyecto de ejecución. Valcárcel, como la pescadilla, se muerde la cola.