La apuesta por la vivienda pública del Ayuntamiento de Cádiz llega a los 30 millones de euros

La liquidación de las cuentas municipales de 2025 va a permitir, en unos meses, incrementar en 3 millones de euros más la partida que el Ayuntamiento de Cádiz destina a nuevas promociones de vivienda pública. Con este dinero extra se superarán los 30 millones de euros en tres años.

Una cifra tan elevada, la mayor en décadas en la ciudad, supone un avance respecto a lo realizado en la última década, pero queda lejos de ser suficiente ante la necesidad habitacional que tiene la capital, tanto en protección oficial como en renta libre.

Por lo pronto, la ciudad aún tiene pendiente el inicio de las obras de las cerca de 400 viviendas que la Junta prevé que se pueden ejecutar en los terrenos que tiene en la ciudad. A la vez, la iniciativa privada, con empresas de aquí y de fuera interesadas por seguir construyendo, cada vez chocan más con la falta de suelo donde poder construir promociones con varias decenas de pisos (que rentabilizan la inversión a realizar). Y hay una tercera pata que afecta a algo más de 200 viviendas de protección oficial en Loreto y los Chinchorros, que por fin están dando los primeros pasos tras meses de espera y de trámites administrativos, junto a las 800 previstas en Navalips, impulsada desde la Zona Franca y liada desde hace cuatro años en trámites administrativos.

Se manejan, así, cifras importantes que permiten atender a una parte de la demanda existente, asumiendo que Cádiz ni tiene ni va a tener suelo para responder a todas las necesidades que hay de vivienda. Encima, propuestas como la de construir viviendas en el polígono exterior de la Zona Franca (donde promotores privados calculan que se podrían levantar entre 5.000 y 10.000 pisos), aún no han entrado en el debate político entre las administraciones.

En este problema, el Ayuntamiento es el que avanza con un mayor número de proyectos, siempre a su ritmo y topándose con más de un problema a la hora de adjudicar obras en el casco antiguo (no hay empresas interesadas en construir promociones de menos de ocho viviendas).

Entre los proyectos ya en ejecución está a punto de entregarse la promoción de García de Sola, 20, con 23 viviendas (la mayoría destinadas al realojo de vecinos de Tacita de Plata); le van a seguir en junio los 28 pisos de Marqués de Cropani; para febrero de 2027 se anuncia, ciertamente con mucho optimismo, las 53 de Marconi,14; también el próximo año y en el mismo mes se entregarán los 9 pisos de Calderón de la Barca,9; en marzo serán 8 en Pericón de Cádiz y otras 8 viviendas en abril en la calle Sagasta.

En licitación se encuentran apenas 5 pisos en San Juan Bautista,17; en fase de elaboración del proyecto básico están otros 4 pisos en el número 2 de esta misma calle; 25 previstos en Puntales 2 y otros 8 en Merced 28. Y ya en fase de proyecto de ejecución están 60 en dos operaciones en Puntales.

En conjunto son 227 viviendas. A esto se le añaden inversiones por encima del millón de euros para la demolición de la Lonja, donde irán más viviendas; así como para expropiaciones y para la reforma del parque municipal que gestiona Procasa.

Decreto de la Junta

Junto a estas operaciones, el Ayuntamiento elaboró un mapa de la ciudad apoyándose en el decreto de la Junta, del 4 de marzo del pasado año, sobre ‘Medidas urgentes en materia de vivienda’, con la posibilidad de aumentar la oferta de solares para uso residencial protegido en suelos que estén calificados como dotacionales privados, residencial libre y residencial protegido, equipamientos comunitarios sin uso específico o que tengan uso de oficinas o de alojamientos turísticos.

El solar junto a la iglesia de los Paules en La Paz, la plaza de la Merced y Puntales (con 85 pisos en total) se eligieron como zonas donde se podrá actuar con mayor agilidad, ya que el propio decreto impone un plazo de tres años para terminar las obras acogidas a esta medida. Quedan en cartera otros suelos que, tal vez algún día, puedan convertirse en residenciales pero que hoy se descarta porque tienen un uso público (plazas, etcétera).

Apoyándose en este decreto, el Ayuntamiento de Cádiz se ha acogido a la posibilidad de aumentar en un 20% la edificabilidad en determinados suelos residenciales ya protegidos, y pasar suelo dotacional privado a residencial, con lo que se considera que en el mercado inmobiliario podrían entrar 250 nuevas viviendas.

Con menos impacto en cuanto a números, esta semana se ha aprobado de forma definitiva la reducción de los ejes comerciales para reubicar viviendas en antiguos bajos comerciales; la posibilidad de que habiliten suelo terciario y la paralización en la concesión de nuevas licencias para viviendas y apartamentos de uso turístico y de hoteles salvo los ya previstos en el PGOU y los que se vayan a ejecutar en fincas de grado 0.

Destaca el alcalde, Bruno García, que la totalidad de las viviendas que se promueven desde el Ayuntamiento son de protección oficial con distintos tipos de alquiler “y ninguna de renta libre. Estamos haciendo lo que decía que iba a hacer Kichi, que se quedó con 63 pisos en ocho años, pero con más dinero y más vivienda”, defendiendo también la necesidad de promociones de renta libre en operaciones en las que participé la iniciativa privada.