Así afecta la nueva ley de vivienda a los universitarios que busquen piso en Cádiz

Se acerca el inicio del curso para muchos estudiantes universitarios que se apresuran a buscar un alojamiento de alquiler en Cádiz en el que pasar su nuevo año de preparación. La estrategia de los más jóvenes que salen de casa para estudiar suele ser la misma: o acuden a residencias o Colegios Mayores (una opción que puede salir más cara) o buscan pisos de alquiler para compartir con compañeros de clase, una posibilidad que beneficia más a las familias dado que, en muchos casos, son los propios progenitores los que terminan haciendo frente a esos gastos mensuales.

La novedad para este año es que está ya en vigor la nueva Ley de Vivienda aprobada el 24 de mayo de 2023, una norma que regula diferentes ámbitos del mercado inmobiliario y que está muy centrada precisamente en el alquiler. El 'pero' del texto es que está enfocado en los contratos para vivienda habitual y no en los de temporada, aunque algunos análisis apuntan a que los estudiantes que buscan pisos para los nueves meses que dura el curso podrían beneficiarse de manera indirecta del nuevo texto legal.

Según los expertos de Live4Life, una plataforma especializada en el alquiler para estudiantes, habrá propietarios de larga duración que podrían decidir abandonar este mercado para centrarse en el alquiler temporal, lo que supondría el aumento de la oferta de este tipo de viviendas y el descenso consiguiente de los precios.

Mejor, un alquiler de larga duración

La mejor opción para los estudiantes puede ser buscar pisos para alquilarlos por todo el tiempo que tengan en mente estar en la misma ciudad para cursar su grado. Con esta fórmula se podrían beneficiar de las ventajas que introduce la nueva ley al tiempo que se convertirían en inquilinos más atractivos para los propietarios, puesto que el texto recoge importantes deducciones fiscales para aquellos tenedores de viviendas que alquilen o bajen el alquiler a los más jóvenes.

Los inquilinos menores de 35 años también podrían deducirse un tanto por ciento de las cantidades satisfechas al alquiler.

Uno de los beneficios más destacados es que los propietarios de viviendas en alquiler serán los encargados de pagar los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato aunque hay que tener en cuenta que en este caso, el arrendador (propietario de la vivienda) debe ser una persona jurídica (una empresa). La ley no indica nada respecto de los caseros particulares.

Esto suponía que la comisión de la inmobiliaria corría por parte del inquilino, que viene a ser un 10 por ciento del precio anual más IVA, mientras que ahora es obligatorio que sea el propietario quien lo pague.

Con este nueva medida se pone fin a los elevados gastos y honorarios inmobiliarios que impiden a muchas personas, especialmente a la juventud, acceder a una vivienda por el desembolso inicial que supone. El servicio inmobiliario se presta al propietario y, por tanto, será éste el que deba asumir los gastos que dicho servicio genere.

Límite de la subida anual del alquiler, sin IPC

Otra de las novedades es que a partir de enero de 2024 las actualizaciones de los alquileres, que podrán ser negociadas entre las partes, se verán limitadas a un máximo de un 3 por ciento y quedarán desvinculadas del IPC.

Alquiler en zona tensionada

El precio del alquiler puede estar bajo supervisión en función de si se encuentra en una zona tensionada o no. Por ejemplo si se trata de un alquiler nuevo en zona tensionada, el precio del alquiler no podrá subir más de un 3% con respecto al precio del alquiler del anterior inquilino. En el caso de grandes tenedores (aquellas personas físicas o jurídicas que tengan en propiedad 5 o más viviendas destinadas al alquiler) se ha comunicado que tendrán un índice especial, pero no han especificado cuál será. Si no es zona tensionada el casero podrá indicar el precio del alquiler que crea conveniente.

Si embargo, Cádiz no se considera zona tensionada en lo que respecta a alquiler -sí a compra-, pues está en el 22,79 por ciento -el esfuerzo que hay que hacer por ingresos medios- frente al 30 por ciento que marca la Ley.

Los pagos

Dentro de la disposición final primera se señala que el pago se efectuará a través de medios electrónicos, aunque permite que "excepcionalmente, cuando alguna de las partes carezca de cuenta bancaria o acceso a medios electrónicos de pago y a solicitud de esta, se podrá efectuar en metálico y en la vivienda arrendada".

La fianza

En cuanto a la fianza que habitualmente se abona antes de que comience el curso, cuando se formaliza el contrato, la ley limita a dos meses la fianza que puede exigirse, cuando anteriormente no existía límite de cuantía.