La decisión de Ciudadanos de prescindir de Juan Manuel Pérez Dorao y María Fernández-Trujillo para la candidatura que va a presentar en las próximas elecciones municipales y la determinación de los dos concejales de pasarse al grupo de los no adscritos hasta el final del mandato han provocado una serie de daños colaterales. Además de la fractura que se ha abierto dentro de la agrupación local de la formación naranja, existen otra serie de consecuencias que afectan a la actividad desarrollada por los dos ediles durante los últimos cuatro años. A los cambios organizativos que supone dejar de formar parte del grupo municipal del partido se suma el futuro de los asuntos que se encuentran actualmente en los juzgados por las dos denuncias presentadas por los exediles de Cs sobre cuestiones municipales.

Aunque ambos procesos siguen su curso dentro de la instrucción de las diligencias previas y su fondo no va a cambiar porque ya llevan su propio camino, las formas en ambas cuestiones sí se pueden ver alteradas si los dos concejales dejan de serlo tras los comicios locales. Tal y como reconoció Juan Manuel Pérez Dorao a este medio, la decisión de personarse como acusación si se decretara la apertura de juicio oral se encuentra “en el aire” al cambiar las obligaciones que tienen los dos ediles. De hecho, resaltó que este tema “hay que valorarlo” en función de lo que suceda –todavía no han decidido si van a presentar una candidatura propia para aspirar a la Alcaldía de Cádiz–, aunque en la actualidad se inclina Pérez Dorao por un “probablemente no”.

Tanto Pérez Dorao como Fernández-Trujillo han interpuesto dos denuncias a título personal como ediles del Ayuntamiento. La primera de ellas es la que está más avanzada y afecta al alcalde, José María González, por su gestión en el traspaso de la titularidad de los chiringuitos. Por este caso, que afronta los últimos pasos en las diligencias previas, los ediles le acusan de los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. En la actualidad, sólo falta que la Fiscalía se pronuncie tras cerrarse la instrucción para que la juez decida si se transforma en procedimiento abreviado o si acaba archivando la causa.

Las demandas afectan al alcalde, José María González, y al concejal David Navarro

La segunda afecta al concejal David Navarro por su gestión de la sociedad municipal Cádiz 2012. Los ediles no adscritos le atribuyen dos presuntos delitos de prevaricación y malversación. El proceso está en la actualidad en fase de instrucción. De hecho, Navarro tendrá que declarar como investigado el próximo martes 9 de abril dentro de las diligencias previas.

Por los plazos judiciales, ninguno de los dos casos celebraría su juicio –si es que no se archivan– antes del final del mandato. Sobre esto, Pérez Dorao indicó que las denuncias figuran a título personal ya que “viene obligado por la ley que las denuncias de los hechos de los que tengan constancia de la presunta constitución de un delito las hagan las personas, ya sean cargos electos o funcionarios”. Una cuestión que justifica que pusieran los dos hechos en conocimiento del juez.

Por ello, Pérez Dorao remarcó que “mientras que seamos concejales, debemos estar encima”. Otra cuestión es que dejen de serlo, por lo que dejarán de tener esta obligación. Esto hace que tengan que “valorar” su nueva situación. Aunque resaltó que “si nos llaman para testificar, iremos”.