El debate de la Vivienda en el Ayuntamiento de Cádiz no está en los datos, por más que los grupos políticos se afanen en mostrar sus teorías con cifras; está en el modelo que deba guiar los proyectos y las estrategias que se pongan en marcha en estos próximos años. Un modelo, el que presenta el Partido Popular ahora en el gobierno, que genera dudas en el PSOE y que rechaza de plano el anterior equipo, el de Adelante Izquierda Gaditana. Todo lo cual no ha impedido que las propuestas lanzadas este miércoles en el Pleno extraordinario monográfico sobre este problema de la Vivienda hayan sido aprobadas por unanimidad.

El modelo que se ha confrontado en el Salón de Plenos es el que defiende el PP, que abre la puerta a todas las modalidades posibles de vivienda en la ciudad (esto es, vivienda protegida en venta, vivienda protegida en alquiler, alquiler social, renta libre…) y que anuncia que irá destinando estas distintas ramas todas las promociones que quiere ir poniendo en marcha y que, de hecho, viene anunciando Bruno García desde su investidura. Frente a esta propuesta, se sitúa la de Adelante Izquierda Gaditana, que asegura que Cádiz no puede absorber todas las opciones que plantea el PP y que hay que optar por una sola opción, “y queremos que sea la de la vivienda pública en alquiler social”.

“Vender va en contra de los modelos europeos”, ha asegurado el portavoz de esta formación de izquierdas, David de la Cruz, que ha reclamado la necesidad de “tener nuestro propio parque público de viviendas” para defender una propuesta concreta: “queremos el modelo de Doctor Marañón; ni torres de pisos, ni manga ancha al turismo”, ha afirmado en referencia a la promoción de viviendas eficientes levantada recientemente en el barrio de El Balón.

En esa misma línea se ha manifestado su compañera, Helena Fernández, que ha lanzado un “no rotundo” a la vivienda en venta. “En Cádiz no hay suelo para eso y es muy difícil que la gente joven compre. No tiene ningún sentido gobernar a la espalda de esto”, ha afirmado la edil.

Esta política que defiende Adelante tiene, sin embargo, un problema para el PP: “deja a muchas personas fuera”. Y es que si toda la vivienda que hace el Ayuntamiento se destina al alquiler social, se olvida a esa parte de población que sí está dispuesta a comprar un piso pero necesita cierta ayuda (protección) o que puede acceder a un alquiler (sin el apellido social).

Las cifras

En base a estos dos posicionamientos que marcan el enfrentamiento político en materia de vivienda, vienen las cifras. Cifras aportadas por todos, para todos los colores y para inclinar la balanza para una opinión o la otra. Cifras a priori objetivas, como que Cádiz ha pasado de 156.923 a 113.006 habitantes en los últimos treinta años, lo que supone una pérdida de 4 vecinos cada día, según ha recordado el socialista José Ramón Ortega; que el Registro de Demandantes de Vivienda de Procasa suma hoy 5.376 inscripciones, como señala la concejala de Vivienda, Ana Sanjuán; o que la ciudad solo permite la construcción de 3.000 nuevos pisos, lo que dificulta el alquiler, que se sitúa en una media de 750 euros mensuales, según ha apuntado Helena Fernández.

Las cifras del PP hablan de que en ese registro municipal de demandantes de vivienda “hay 1.505 jóvenes menores de 35 años que quieren quedarse en Cádiz a vivir y no han tenido la posibilidad de hacerlo” en estos años por las políticas que ha llevado a cabo el anterior gobierno municipal. Incluso que casi el 60% de ese número, 903 jóvenes, “quieren comprar a un precio asequible”. Y revelan también un problema de accesibilidad, ya que ese registro suma a 1.860 personas con discapacidad y otras 330 personas incluidas en la Ley de Dependencia, “lo que supone más de un 40% de personas donde la accesibilidad universal es imprescindible”.

Y las cifras de Adelante indican que ha construido más vivienda pública en ocho años (155 según Helena Fernández, que incluye promociones que aún no han comenzado “pero que dejamos con la financiación asegurada”; y 63 según Ana Sanjuán) que el PP en los veinte años de Teófila Martínez. O que ese gobierno popular “no construyó ni una vivienda pública entre 2009 y 2014, los años donde más apretaba la crisis”, según ha indicado De la Cruz.

Pese a este cruce de cifras y estos modelos bien diferenciados, el Pleno ha alcanzado la unanimidad en las propuestas que el PSOE ponía sobre la mesa para dinamizar o marcar el horizonte de las políticas de vivienda que a partir de ahora recorrerá el Ayuntamiento para premiar al alquiler social, recuperar las expropiaciones, controlar las viviendas turísticas, o realizar obras de mejora y de accesibilidad en los pisos municipales.