El gobierno municipal de Cádiz prepara un cambio radical en la política de vivienda en la ciudad. Se considera que lo realizado durante los ocho años de gestión de la coalición de izquierdas de José María González, ha supuesto un fracaso ya que apenas ha puesto en el mercado 60 nuevas viviendas, mientras no se ha logrado bajar el precio de los pisos, entre los más altos de España.

Se menciona la continua pérdida de población en Cádiz año tras año, y se menciona que un plan inmobiliario más potente podría, al menos, reducir algo esta cifra a la vez que podría permitir un descenso en el precio del mercado.

Por lo pronto se considera esencial no limitar la apuesta municipal solo por la vivienda social, ampliando de esta forma la oferta en la protección oficial y en la renta libre. “No pensamos abandonar, por supuesto, el foco social del problema de la vivienda, pero tenemos claro que hay que complementarlo con otro tipo de vivienda también muy reclamado”, constata el teniente de alcalde de Urbanismo, José Manuel Cossi durante una conversación con este diario.

La lista de demandantes de vivienda pública en la ciudad alcanza hoy a 5.500 personas. Aquí se incluyen las que apenas tienen recursos, las que pueden asumir un alquiler y las que están en condiciones de comprar un piso protegido.

Junto a ello hay una cifra indeterminada de candidatos a una vivienda de renta libre. Si atendemos a las listas que se forman cada vez que se anuncia una promoción privada, el dato puede alcanzar dos o tres mil pisos más. Todo ello sin contar el movimiento de población que se produce cada año.

Exprimir el PGOU

Asumiendo las limitaciones de espacio que tiene la ciudad, Cossi adelanta que “vamos a exprimir al máximo el PGOU”.

Ya hay espacios sobre los que se está trabajando, o se pretende trabajar, que ampliarán el parque inmobiliario: Navalips (donde la Zona Franca lidera la construcción de 800 pisos entre renta libre y protección oficial) y los usos que se le pueden dar al suelo de San Severiano, donde iba a ir la Ciudad de la Justicia, y en el polígono exterior de la Zona Franca.

Respecto a este caso, las dos instituciones ya han mantenido varios contactos. El Ayuntamiento defiende que es compatible el uso residencial con un uso industrial centrado en la nueva economía y no en empresas necesitadas de grandes espacios que pueden radicarse en la Bahía.

En este sentido, Cossi considera que “la demanda industrial de la Bahía no encaja con el viejo planeamiento del polígono exterior. Es un planeamiento que no ha funcionado tanto por las malas comunicaciones como por el coste del suelo, nada competitivo”. Y junto a ello, la necesidad pendiente de numerosas obras de urbanización y mejora de los accesos a este recinto.

Descarta el concejal de Urbanismo que sea necesario elaborar un nuevo Plan de Ordenación Urbana para definir la reordenación de este polígono. Sería este un proceso administrativo para solucionar un problema que se enquistado desde hace décadas. Por el contrario, sí se apuesta por planes especiales a los que se les daría la mayor agilidad posible.

En todo caso, José Manuel Cossi deja claro que la vivienda es una prioridad del nuevo gobierno, y que éste parte con una idea ya expresada por el alcalde: hay que poner el dinero de los ciudadanos en la calle, y no acumularlo en las arcas municipales.

Bajo está óptica, y con la decisión de apostar por todos los modelos de vivienda que deben estar en el mercado, también se perfilan cambios en la forma de gestionar Procasa, la empresa municipal de la vivienda, “que durante este tiempo ha limitado su trabajo a la vivienda social, cuando se debe buscar un equilibrio”, con toda la demanda.

Por lo pronto se ha encargado la redacción de un catálogo con todas las fincas de propiedad municipal que se encuentran vacías en el casco antiguo de la ciudad, a las que se unen algunos solares aún por edificar en Puerta Tierra. “Vamos a ver los problemas de viabilidad que tienen cada uno de estos inmuebles, y a partir de ahí no renunciamos a nada: desde una actuación municipal, a una colaboración público-privada hasta incluso la enajenación para obtener fondos con los que después invertir en más viviendas”.Lo cierto es que el coste de la construcción y el limitado número de pisos que se habilitan en buena parte de estas propiedades dificulta su viabilidad.

Con todo, el nuevo gobierno ya ha destinado varios millones de euros para la vivienda dentro del reparto de los fondos de tesorería.