Valcárcel ha dado un paso al frente que se considera fundamental; un trámite, el proyecto de ejecución, que al principio no se tuvo en cuenta, luego se esperaba para principios de verano y finalmente ha llegado ahora, mediados de septiembre; pero que determina con todo lujo de detalles qué se va a hacer en el histórico edificio y su entorno y, lo más importante, cuánto va a costar cada actuación. Así las cosas, pendiente ahora de esa reunión de la comisión técnica, lo lógico es que en base al proyecto de ejecución se cierre el convenio acordado en octubre de 2022 entre las administraciones y se proceda a la firma que ya daría vía libre para licitar las obras. Siempre, y esto es importante también, que las instituciones implicadas cumplan con el compromiso que firmen en el convenio.

Pero en medio de este momento actual, en el que parece fundamental cerrar definitivamente ese convenio, hay que tener en cuenta una clave que puede ser simplemente anecdótica o que puede traer consigo grandes cambios al proyecto. La voluntad de suscribir ese convenio a cuatro bandas (Junta, Diputación, Ayuntamiento y UCA) la adquirió el Ayuntamiento de José María González ‘Kichi’ y la Diputación gobernada entonces por los socialistas, con Juan Carlos Ruiz Boix al frente. Pero las elecciones del pasado mes de mayo ha provocado un cambio, pasando ambas administraciones a manos del Partido Popular, con Bruno García en San Juan de Dios y Almudena Martínez en la Plaza de España.

¿Puede este cambio traer consigo, ahora, cambios en esos compromisos iniciales de cada administración? En este punto, conviene recordar la aportación que cada administración acordó hace unos meses.

La Junta de Andalucía sería la principal sostenedora del proyecto de Valcárcel, destinando 31 millones de euros repartidos en distintas anualidades durante el transcurso de las obras (de los cuales ya habría asegurado los 2 primeros, consignados en los presupuestos de este año). Le seguiría la UCA, que aportaría cerca de 8 millones de euros procedentes del remanente líquido de tesorería, a lo que se unirá al final de la obra el 50% del equipamiento de la futura facultad.

La Diputación socialista ha hecho valer desde un principio la cesión gratuita del edificio como su principal aportación al proyecto; un extremo que no ha dejado de verse con cierto recelo por el resto de administraciones, teniendo en cuenta que el edificio en sí necesita una rehabilitación que ya se cifra en 26,5 millones de euros, por lo que el ‘regalo’ de Diputación no deja de estar envenenado. A ello suma también la administración provincial el otro 50% de ese futuro equipamiento de la facultad.

Y el Ayuntamiento, por su parte, se comprometió a aportar los famosos 5 millones que Kichi puso encima de la mesa pero nunca consignó, y que Bruno García ha prometido ahora que estarán en el presupuesto de 2024; además de ceder gratuitamente los terrenos del antiguo Campo de las Balas, donde hasta ahora se pretende habilitar el espacio deportivo que necesita Educación.

Así las cosas, cabe preguntarse si el cambio en el gobierno de la Diputación y del Ayuntamiento puede provocar cambios en las aportaciones de las administraciones. ¿Podría Diputación aceptar ahora la aportación de alguna partida económica además de la cesión del edificio? ¿Y el Ayuntamiento, podría dar marcha atrás a la cesión del Campo de las Balas y proponer otra localización para esas pistas, teniendo en cuenta el potencial que puede tener esa parcela colindante con el mar?

Los planes de la UCA es que la comisión técnica analice la próxima semana el proyecto de ejecución. Y a partir de entonces, que los representantes de las administraciones se sienten a la mayor celeridad posible y firmen el convenio. Será ese el momento de saber si las posiciones siguen intactas desde el acuerdo alcanzado en Sevilla en octubre, o si hay cambios.