Dos trabajadoras sociales que pertenecen a una unidad de la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz firman en mayo de 2013 un informe en el que dicen que Jessica Ramírez no cumple los requisitos para acceder por una especial situación de vulnerabilidad social a una de las 102 viviendas que se van a entregar en la primera fase de Matadero.

Ese informe negativo posteriormente es cambiado por Pilar Tubío, entonces coordinadora del Programa de Servicios Sociales y del Mayor de la misma delegación, y pasa a ser positivo. Este es el que se envió a Procasa (Empresa Municipal de Vivienda) y Jessica Ramírez terminó con un piso en la citada promoción.

Ese tema es el que ha llevado a Pilar Tubío a sentarse este miércoles en el banquillo de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial por una presunta prevaricación administrativa, tal y como mantienen la Fiscalía y las acusaciones particulares que representan a la entonces teniente de alcalde delegada del Área de Familia, Mercedes Colombo, y a la ex concejala de Servicios Sociales, Carmen Sánchez, ambas del Partido Popular. Los letrados de estas dos últimas le acusan además de falsedad documental.

Pilar Tubío, en su declaración ante el Tribunal, ha reconocido que cambió ese informe pero dejó claro que no tenía "ningún interés personal" en que obtuviera una vivienda. En este sentido, afirma que intervino en el caso porque era una persona a la que había atendido en varias ocasiones y conocía bien sus circunstancias personales. Así, Tubío ha señalado que desde la misma Alcaldía y desde la Concejalía se les mandaban algunos casos o personas para que los atendiera personalmente y éste fue uno de ellos, tiempo antes de que se realizaran los informes.

En el que hacen las dos trabajadoras sociales, que en la Audiencia se han ratificado que volverían a darle un dictamen negativo, se reflejaba que la familia formada por la pareja y dos hijos menores tenían unos ingresos de 1.080 euros gracias al trabajo que había conseguido el marido y una renta de unos 560 euros, que se refería al coste del alquiler por un piso de la calle Sagasta que estaba avalado por Procasa. Eso hacía que la renta per capita por miembro de la familia estaba en 130 euros.

A pesar de ello, las trabajadoras sociales dieron un informe negativo y tal y como dijo una de ellas en su declaración, Laura Martínez: "hay muchísima gente en una situación infinitamente peor y sin ningún ingreso". Para esos informes en la propia Delegación de Asuntos Sociales se hizo un baremo que servía como guía para dar un informe positivo o negativo. Sólo los primeros eran los que se enviaban a Procasa.

Tubío tocó el informe porque discrepaba del resultado del mismo y porque "para mí la valoración técnica es diferente".  Por un lado, señala que que lo de la renta de los 560 euros podía dar lugar a equívocos porque puede parecer que era un ingreso, cuando realmente se trataba de un gasto. También se elimina que recibía ayudas puntualmente y no siempre, pese a que era una usuaria habitual de los servicios sociales.

La acusada también ha explicado que en el caso de Jessica Ramírez había tenido varias entrevistas y conocía su problema, como que arrastraba un desahucio hipotecario, de los primeros que hubo en Cádiz durante la crisis económica "y tenía deudas con el banco por haber perdido la vivienda".

La entonces gerente de Procasa, Cándida Marín, en su declaración posterior ha argumentado favorablemente en este sentido al señalar que en aquel entonces recibieron un dictamen del Defensor del Pueblo para que se tuviera en cuenta a la hora de las concesiones de viviendas precisamente a la gente que había sido desahuciada y que además tenía menores a su cargo y que no se había beneficiado de los decretos posteriores que los protegían al respecto de tener que soportar una deuda para toda la vida. 

Pilar Tubío ha relatado que una vez que vio el informe buscó a las trabajadoras sociales para comentarles su visión distinta pero ha asegurado que no las encontró. Ante la premura que había para entregar los informes, decidió hacer los cambios "basados en mi experiencia como trabajadora social". Sin embargo, después no dijo nada a las que habían hecho el informe inicial "porque ya no le di más importancia al tema". Estas se enteraron posteriormente por la propia Jessica que había conseguido una vivienda, algo que les llamó la atención cuando su informe había sido negativo: "Ellas valoraron una situación y yo valoré otra", se ha defendido ante el tribunal. Así, se ha mostrado tajante al decir que "estaba convencida de que hice lo que tenía que hacer desde el punto de vista profesional y también moral".

Cándida Marín, en su declaración, ha llegado a decir que Jessica Ramírez incluso hubiera conseguido el piso bajo el criterio del Registro de Demandantes de Viviendas, pero una de las acusaciones particulares le advirtió que tampoco hubiera llegado a una de las 22 que se dieron por ese motivo. Además del registro, se podían conceder por la excepcionalidad por la que fue rechazada Ramírez, y la otra por realojo.

Tanto Mercedes Colombo como Carmen Sánchez han coincidido al destacar que todos los informes que se enviaban a Procasa eran realizados por las trabajadoras sociales y que se enteraron del cambio cuando en la instrucción del caso se lo enseñaron en las dependencias judiciales.

Una de las trabajadoras sociales, Laura Martínez, ha declarado que conocía la situación del desahucio que había tenido años atrás, pero consideraba que no lo veían necesario para aplicarle el criterio de excepcionalidad,  y ha reiterado que "si tuviera que repetir el informe lo haría igual". La otra firmante del primero que no tuvo validez, Elena Ballester, ha opinado que no hubo ninguna reunión previa con Pilar Tubío para tratar en concreto el tema de Jessica Ramírez, "ni nos comentó nada del expediente".

La adjudicataria también ha comparecido en la Audiencia Provincial y ha afirmado que ella trató muy poco con las dos trabajadoras sociales y que normalmente lo hacía con otra que había anteriormente y después directamente con Pilar Tubío.

En las conclusiones finales, la Fiscalía se ha ratificado en que Pilar Tubío "incurrió en un delito de prevaricación" ya que, a su entender, "ha quedado demostrado" cuál era el criterio para adjudicar las viviendas. Así, ha afirmado que "se necesitaba el informe favorable de las trabajadoras sociales y eran ellas las que tenían competencias y no Pilar Tubío". De hecho, el de Jessica Ramírez fue el único que modificó ella y le dio un dictamen contrario al expresado inicialmente por las UTS. 

Asimismo, ha recordado que había gente "infinitamente" en peores circunstancias que las de Jessica y que para eso había un baremo, por lo que ha recordado que se ha perjudicado a otra familia con esa decisión. También ha incidido en que el informe se hizo el 28 de mayo de 2013 y hasta julio no fue la resolución de la adjudicación de las viviendas, período en el que no se les comunicó nada a las trabajadoras sociales.

Las dos acusaciones particulares han pedido que también se enfrente a un delito de falsedad: "Pilar Tubío sabía que era injusto y arbitrario y lo escondió a las trabajadoras sociales, a la gente de Procasa y a sus superiores políticos".

La Fiscalía ha pedido nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa contra Pilar Tubío, que en el caso de las acusaciones particulares sube a diez y estas últimas solicitan además cuatro años y medio de cárcel por falsedad documental.

La defensa de Pilar Tubío pide su absolución de los dos delitos. Para empezar ha afirmado que "no se inventó nada ni hizo desaparecer la renta", ni tampoco "se ha falseado, sino que se discrepa en la valoración". El letrado también ha incidido que "en ningún momento ha actuado de manera arbitraria" y que "no tenía ningún interés en favorecer a Jessica".