El Tribunal Supremo ha confirmado la condena al ex delegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz Manuel Rodríguez de Castro, nombrado en su día por el Partido Popular, como "responsable contable directo" del perjuicio de 522.325 euros en los fondos públicos de este consorcio.

En una sentencia hecha pública ayer, la Sección Segunda de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestima el recurso que Rodríguez de Castro interpuso contra la sentencia de 15 de octubre de 2007 de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas.

Aquella sentencia, ahora confirmada, le condenaba a reintegrar al Consorcio de la Zona Franca de Cádiz los 522.325,91 euros en que había cifrado el perjuicio de fondos públicos a esta institución durante su gestión, desde 1996 a febrero de 2001, fecha en que presentó su dimisión.

Esta cantidad obedece, según recogía aquella sentencia y recuerda ahora el Tribunal Supremo, a cinco conceptos diferenciados en relación a la gestión económico-financiera del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, la más abultada una cantidad de 318.536,41 debido a "pagos indebidos o no justificados efectuados con tarjetas de crédito domiciliadas en cuentas corrientes del consorcio".

Un total de 100.885 euros correspondían al "pago no justificado de suplidos en la contratación de profesionales independientes"; 4.307 a una "indebida liquidación y pago en el finiquito" del delegado especial; 27.060 a una "irregular justificación de gastos facturados por agencias de viajes"; y otros 72.479 de "gastos abonados directamente por el delegado y compensados posteriormente por el Consorcio de la Zona Franca mediante dos libramientos de pago".

La sentencia recurrida y confirmada ahora condenaba a Rodríguez de Castro al reintegro del total del alcance de 522.325 euros "como responsable contable directo", así como al pago de los intereses legales y le eximía de pagas las costas del proceso.

Contra esta sentencia el ex delegado en el Consorcio interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo alegando formalismos legales como la prescripción de su posible responsabilidad, la vulneración de principios de audiencia y defensa o la arbitrariedad en la apreciación de alguna prueba testifical, como la de toma de testimonio de Miguel Osuna, su sucesor como delegado del Gobierno en el Consorcio de la Zona Franca. Pero el Tribunal Supremo ha entendido que ninguno de los motivos de su recurso invalida la sentencia.

La gestión de Rodríguez de Castro como delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz fue criticada desde sus inicios por PSOE e IU, que hablaban de los "lujos asiáticos" que disfrutaba desde su puesto en un consorcio que presidía la alcaldesa popular de Cádiz Teófila Martínez.

En 2005, el actual delegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz, José de Mier (PSOE), dijo que con la gestión de sus antecesores en el cargo,  Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna (PP), el Consorcio había perdido "al menos, 24 millones de euros".

Dos de las grandes inversiones de aquella etapa de la zona Franca, Rilco, un portal de comercio electrónico ideado por Rodríguez de Castro en 1998, y Quality Food, una empresa de alimentación que nació apoyada por la Zona Franca, tienen abiertos sendos procesos judiciales.

Precisamente el tema de Rilco se encuentra aún en fase de instrucción. Rodríguez de Castro llegó a declarar en 2007 en Cádiz por esta causa.