Taxistas de Cádiz: “No queremos el monopolio, solamente que se cumpla la ley”

El decreto ley anunciado por la Consejería de Fomento para habilitar a los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) de empresas como Uber o Cabify para que sigan operando en los núcleos urbanos a partir del 1 de octubre tiene en pie de guerra al sector del taxi. Este jueves, un buen número de taxistas de la capital gaditana se concentró en la Zona Franca. Pararon dos horas su actividad como otras compañeros que llevaron sus protestas al Parlamento andaluz en Sevilla y a Bruselas, ante la Unión Europea. El sector ha recibido como un jarro de agua fría la propuesta de la Consejería, que conoció tras mantener una reunión con ella el pasado lunes, día en el que el Gobierno andaluz detallaba que el futuro decreto establecerá requisitos para garantizar “la convivencia de VTC y taxis en aras de ofrecer el mejor servicio al ciudadano”, algo que desde el gremio del taxi no se ve claro.

El presidente de Radio Taxi en Cádiz, José Manuel Vicente, recordaba que “los VTC se crearon para servicios interurbanos y con contratación previa. Ahora por último operan en servicios urbanos y con contratación directa, que es lo mismo que hacemos nosotros, pero en el caso de ellos es ilegal”. Recordó Vicente que el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos dictó un decreto que daba cuatro años de compensación a los propietarios de licencia de VTC, pues prohibía a las licencias de este transporte realizar trayectos urbanos más allá de octubre de 2022. “Fue entonces cuando las competencias pasaron a las comunidades autónomas y ahora la Junta quiere regularlo de otra manera, cuando la Ley lo dice claro. Que tiene que haber un VTC por cada 30 taxis y que sus servicios con con precontrato e interurbanos”. Añadió que “en Andalucía debería haber 300 VTC y hay más de 3.200”.

Lamentaba el presidente de Radio Taxi que los VTC “quieren trabajar como un taxi pero si nuestros impuestos. Por ejemplo, el seguro del vehículo nos cuesta más porque las compañías entienden que tenemos más riesgos de accidentes, cosa que no ocurre con los VTC”.

Aclaró que “no queremos el monopolio ni mandar al paro a padres y madres de familia, sino que se cumpla la ley. Todo lo demás es intrusismo de empresas que ni siquiera tributan en España como hacemos loa taxistas”.

Un taxista gaditano, Moncho Frade, también expresaba la preocupación del sector. “Clama al cielo que los VTC tengan prioridades y preferencias que nosotros no tenemos. Por ejemplo, podemos cargar solo en Cádiz y no en Sevilla o Jerez, mientras que ellos sí”, destacaba.

Frade incidía en que “la ley Ábalos no se ha cumplido y le dio cuatro años de moratoria a los VTC para ponerse al día. Esa moratoria expira ahora y la Junta debe hacer convivir a ambos transportes, pero no quiere regular la ratio de un VTC por cada 30 taxis ni aplicar la obligación de tener que precontratar el servicio. Y así, funcionarían igual que un taxi”.

Por su parte, la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, subrayó ayer ante la manifestación de los taxistas en Sevilla que aún no han concluido las conversaciones para elaborar esa norma, que se buscará el “diálogo y la participación” y que en todo caso el objetivo es tener seguridad jurídica y “no dañar la actividad que presta el taxi”.

Carazo se pronunció así antes de participar en la comisión de Fomento en el Parlamento, ante cuyo edificio alrededor de un millar de personas mostraron su rechazo a la iniciativa en una tensa protesta que desembocó en la detención de dos personas y una carga policial.

“Seguimos negociando y hablando porque queremos aprobar esa norma y hacerlo en base al diálogo y la participación”, dijo la consejera, que señaló que las conversaciones que se desarrollan desde hace una semana “todavía no se ha concluido y tienen que seguir avanzando”.

Asimismo, insistió en que el objetivo principal es “contar con seguridad jurídica” para poder organizar y facilitar la convivencia del taxi y los VTC y dar un mejor servicio al usuario. “Por encima de todo y en el centro de la regulación ha de estar el usuario, que tiene que contar con los mejores servicios”, argumentó Carazo, quien aseguró que desde la Junta no se que quiere “dañar la actividad que presta el taxi”.