Tribunales Cádiz

El TSJA anula el desahucio de la viuda de unos de los policías jubilados de Cádiz

  • La decisión del Alto Tribunal andaluz abre la puerta para que otros vecinos de Fernández Ladreda puedan paralizar la orden de desalojo que también pesa sobre sus viviendas

El grupo de ex policías, viudas e hijos de agentes fallecidos de Fernández Ladreda.

El grupo de ex policías, viudas e hijos de agentes fallecidos de Fernández Ladreda. / J. M.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón a la viuda de un antiguo policía nacional de Cádiz y ha anulado la orden de desahucio que pesaba sobre su vivienda, ubicada en una finca en el número 1 de la Avenida Fernández Ladreda, donde también residen desde hace décadas agentes jubilados que se enfrentan a la misma orden de desalojo.

El Alto Tribunal andaluz ha dejado sin efecto el desahucio tras estimar el recurso interpuesto por la viuda contra la resolución dictada por la Jefatura de la División Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía (DGP) en abril de 2019 que ordenaba el lanzamiento de todos los vecinos por ocupar “de manera irregular” y “sin el correspondiente título habilitante” un pabellón de viviendas destinado tradicionalmente a miembros de la Policía Nacional en activo. De ahí que el Estado entendiese que esos agentes, ya jubilados o cesados –e incluso en algunos casos, fallecidos–, no tenían derecho a beneficiarse de esas casas.

El fallo dictado  por el TSJA abre la puerta a que otros residentes de Fernández Ladreda acudan al tribunal andaluz para lograr también la paralización de sus respectivos desahucios.

En su sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA plantea que este caso se tramite en el orden civil y no en el administrativo (como está ocurriendo), por cuanto considera que no es competencia del Ministerio del Interior desahuciar en base a las normas administrativas. Así, el asunto tendría que gestionarse como un procedimiento civil. 

El Alto Tribunal andaluz muestra sus dudas sobre el orden jurisdiccional competente, si bien apunta que “como regla general” se aplica la Ley de Enjuiciamiento Civil  “para el desahucio por cese en el cargo o empleo que determinó la atribución de una vivienda”.

El juez ponente de la sentencia, el magistrado Javier Rodríguez, precisa que no se ha aportado a la causa el “título escrito” en virtud del cual el policía fallecido (esposo de la recurrente) entró en posesión del inmueble por razón de su puesto. No obstante, el juez menciona también una información publicada por este medio el 9 de julio de 2019 en la que la viuda explica, junto a otros vecinos, que vive en Fernández Ladreda desde mediados de los años 60 del siglo pasado, una afirmación “espontánea” y  “coherente con el hecho de que su esposo pasase a prestar servicios en la Comisaría de Cádiz a primeros de abril de 1968”. Los datos expuestos llevan al juez a barajar que la vivienda en cuestión se ocupó a partir de un título “concertado verbalmente”.

La resolución judicial, que no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, impone al Estado el pago de las costas hasta un máximo de 600 euros.

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