El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha comprometido a paralizar los desahucios de los policías nacionales jubilados, viudas y familias de agentes que viven en el número 1 de la Avenida Fernández Ladreda hasta que no encuentren una solución habitacional. Todos ellos, que residen desde hace décadas en unas viviendas destinadas a los miembros de ese cuerpo, fueron desahuciados por mandato de la División Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía (DGP), que ordenó los lanzamientos en mayo de 2019 al considerar probada "la ocupación de la vivienda, sin título legal para ello". 

El compromiso al responsable de la cartera de Interior se arrancó el pasado jueves en el transcurso de una reunión en la que participaron el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco; la concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Cádiz, Eva Tubío; la asesora jurídica de Procasa, Maribel Bueso; representantes de la Policía Nacional; un responsable de Patrimonio del Ministerio del Interior así como varios de los afectados y sus abogados. 

Fue precisamente uno de los letrados el que solicitó la reunión después de que el pasado 17 de diciembre uno de los agentes jubilados, de 85 años de edad, recibiese un requerimiento del Juzgado Contencioso-Administrativo en el que Interior pedía el lanzamiento definitivo de la vivienda.

En en plazo de 10 días para realizar alegaciones, el ex policía nacional envió tres escritos, uno a la Subdelegación del Gobierno, otro al Defensor del Pueblo y uno más al ministro Marlaska. Éste último escrito fue el más efectivo, pues desembocó en la cita celebrada el pasado jueves, en la que se acordó que no se echaría a nadie hasta que no se asegurase una solución para todos los inquilinos de acuerdo a las circunstancias particulares de cada uno.

No obstante, representantes de Interior anunciaron en el encuentro que el Gobierno baraja la fecha de junio de 2022 para desalojar por completo la finca que, no obstante, es de titularidad municipal, pues fue cedida por el Ayuntamiento de Cádiz en un convenio suscrito en 1957.