Cinco agentes uniformados y al menos dos de paisano se personaron el pasado 6 de octubre en los pisos del número uno de la Avenida Fernandez Ladreda, en Cádiz, que habitan agentes jubilados, viudas de ex policías y sus familias desde hace más de cuarenta años para comunicarles que debían abandonar sus viviendas. El despliegue policial asustó e indignó a los afectados, según relató a este periódico uno de ellos, que lo calificó de “innecesario” y “desproporcionado”.

“Aquello parecía una redada en el más conflictivo de los barrios de la ciudad”, lamenta, en declaraciones a este periódico, Fernando Fernández-Reinoso, de 76 años, ex agente y vecino del inmueble desde 1980. “Sólo llegaron a entregar una de las notificaciones a una vecina que atraviesa una muy delicada situación de salud... Estaba como un flan... Y no se cayó al suelo del susto porque está en silla de ruedas”, relata. “A mi hijo también le pidieron que firmase los papeles que venían a mi nombre, pero él se negó, argumentando que no estaba autorizado. Pero insistieron mucho y uno de los agentes hasta llegó a intentar impedir con el pie que cerrase la puerta de nuestro domicilio... Fue a recoger la documentación que tenía en el coche e incluso volvieron a pedirle que se identificase, cuando lo acababa de hacer en mi casa”, asegura Fernando.

Los agentes se personaron hasta en dos ocasiones más, en medio de un despliegue policial parecido, con el fin de que los vecinos firmasen las comunicaciones que se les estaban intentando entregar, agregó la misma fuente.

Tal y como adelantó este periódico en julio de 2019, la División Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía (DGP) ordenó entonces el desahucio de varios agentes jubilados ,de dos viudas y de los hijos de dos policías fallecidos de sus viviendas del número uno de la Avenida Fernández Ladreda, según consta en el expediente al que tuvo acceso Diario de Cádiz. Uno de ellos, el ex subinspector Andrés Martínez, de 82 años entonces, explicó a este periódico que vivía en una de las viviendas desde 1964 y que nunca, hasta ese año, había sido avisado de que tuviera que abandonar su hogar. Otros, como los hermanos Isabel y Juan Hurtado Sánchez, de 53 y 72 años hoy, habitan sus casas desde su nacimiento. Y José Antonio Lozano, de 69, desde 1953.

El grupo de afectados lo completan Miguel Vela, de 78, policía jubilado y residente allí desde 1985; Dorotea Gómez, de 73, vecina del mismo portal desde 1964, y Cándida López, de 75 años, con domicilio en el mismo sitio desde 1978.

Según consta en la resolución de uno de los expedientes al que tuvo acceso este periódico, la DGP considera probada “la ocupación de la vivienda, sin título legal para ello”, por lo que “transcurrido ampliamente” el plazo de diez días para presentar alegaciones, “estima el desahucio administrativo” del expedientado. Y le apercibe del “lanzamiento de personas, muebles y enseres, si no cumple voluntariamente con la orden de desalojo en el plazo de dos meses”.

Esa resolución está firmada el 29 de mayo de 2019, pero no se recibió hasta el 17 de junio del mismo año. En ese caso, el expedientado era el octogenario Andrés Martínez. Y los afectados, él y su esposa, que según relató en julio del mismo año, se encontraba en un estado de salud mucho más delicado que él. La DGP considera que Andrés Martínez ha incumplido cuatro apartados de dos de las normas que regulan el uso de los pabellones. Pero el motivo fundamental de su orden de desahucio es que pasó a situación de jubilación por edad reglamentaria el 31 de enero de 2002.

También se le acusaba de no haber abonado una cantidad mensual, pagos con los que cumplió durante años y que se detraían de su nómina. Hasta que dejaron de hacerlo por un cambio legislativo. Insistieron en seguir pagando, pero Madrid dijo que no había que hacerlo, según explicó a este periódico.

En nombre de los afectados, un abogado pidió entonces la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz, que abrió expediente, pero les informó de que la recepción de su escrito “no suspende la ejecución de las resoluciones administrativas o judiciales, ni interrumpe los plazos legales para recurrir contra ellas”.

A mediados de este mes, la concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Cádiz, Eva Tubío, se volvió a reunir con varios integrantes de cada una de las cinco familias afectadas, como ya lo hiciese en 2019. Tubío ha vuelto a pedir al subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, que se reúna con estas familias que denuncian “que les han comunicado el acuerdo de inicio de proceso de desahucio, personándose varias dotaciones del Cuerpo, lo que ha generado una situación de incertidumbre en todas las personas afectadas”. “Estas familias carecen de toda la información, ya que desconocen si finalmente se va a ejecutar el desalojo o no, por lo que hemos pedido al subdelegado que se reúna con ellas para explicarles si se va a ejecutar y en el caso de que así sea, el tiempo que disponen estos vecinos”, añadió Tubío.

La edil de Vivienda aseguró que ha retomado los informes sociales que ya se hicieron de estas familias, que concluyeron que algunas podrían ser beneficiarias de ayudas municipales al alquiler.