Dudas y alarma. El mundo del Carnaval anda en vilo desde que en el mes de mayo se conociera que la Inspección de Trabajo requirió a varias agrupaciones semifinalistas de los últimos años que abonasen las cotizaciones de sus componentes no pagadas, al no haberlos dados de alta en actuaciones con contrato y contraprestación económica. En el alero, el próximo Carnaval, cuestión que además preocupa al Ayuntamiento de Cádiz por cuanto pudiera influir en las actuaciones durante la semana grande. Para frenar la vorágine de dimes y diretes y aclarar la situación, la Subdelegación de Gobierno en Cádiz ha convocado en la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería de la Seguridad Social (edificio de la plaza Asdrúbal con entrada por Amílcar Barca) la tarde del próximo lunes a los colectivos carnavalescos y a los representantes de las agrupaciones semifinalistas de 2018. Allí, además de estar presente el subdelegado, José Pacheco, se darán cita técnicos de la propia Tesorería, la Inspección de Trabajo y la Agencia Tributaria. Todo parece indicar que la pretensión no es otra que, además de ofrecer la información oficial, desmentir que corre peligro la celebración del Carnaval venidero y tranquilizar así a las agrupaciones. Incluso se ha llegado a plantear la posibilidad de que requisitos como el de darse de alta afecten al propio Concurso de Agrupaciones, hecho que fuentes de la Subdelegación negaban ayer asegurando que las actuaciones de la Inspección de Trabajo se limitan a las galas posteriores al certamen del Falla. "La situación dista bastante de la que se está pintando", afirmaban las mismas fuentes.

De la misma manera, la Subdelegación informará a los grupos y los colectivos sobre la creación de un punto de información y asesoramiento en el que las agrupaciones puedan consultar las dudas y plantear cada una sus propias singularidades. Hay diferencias manifiestas entre las mismas según sean asociación sin ánimo de lucro o empresa, entre otras maneras legales de organizarse. Como también las hay en los volúmenes de ingresos anuales, que tienen que ver con un mayor o menor número de actuaciones remuneradas. Igualmente, la situación de cada componente tiene que ver mucho en este asunto, pues la regulación de las actividades de las agrupaciones no afecta lo mismo a quien trabaja por cuenta ajena, a quien es funcionario, a quien está jubilado o a quien cobra una prestación. Los matices son muchos, de ahí la inquietud y la desinformación existente.

A la vez que la Subdelegación se ha movido para reconducir el problema, ya hay agrupaciones que han elaborado alegaciones a las reclamaciones que les han realizado desde la Inspección de Trabajo por actuaciones de los años 2017 y 2018. En el mes de mayo pasaron sus representantes por las dependencias de este organismo en la calle Acacias. Entonces, algunos de los afectados hicieron ver a los inspectores con los que se entrevistaron que éstos desconocían la realidad de un Carnaval en el que no todas las agrupaciones ganan el mismo dinero ni tienen el mismo número de actuaciones. Las hay que lo que ingresan se emplea íntegramente en el disfraz y el atrezzo y las que tienen un volumen de ingresos que les ha llevado a, desde hace unos años, profesionalizarse y tener todo en regla.

En el mes de agosto, la edil de Fiestas, Marían Romay, exponía la preocupación del Ayuntamiento ante este nuevo escenario. Sobre todo porque la obligatoriedad de darse de alta podría afectar de alguna manera a las actuaciones de la semana de Carnaval organizada por el Consistorio, llámense Batallas de Coplas, Circuitos de Agrupaciones o galas del primer sábado de Carnaval.