La Delegación de Servicios Sociales atendió el pasado año 2021 a 3.113 familias y tramitó un total de 20.299 ayudas que supusieron una inversión de 3.721.871 euros.

La concejala de este área, Helena Fernández, asegura que las ayudas para la vivienda, con una inmensa mayoría para el alquiler, son las que más recursos se llevan dentro de la inmensa variedad que hay, como las prestaciones para el pago de facturas de luz, agua, ayudas económicas familiares, subvenciones para plazas geriátricas, alquiler de nueva vivienda, tratamientos médicos y suministro mínimo vital entre otras muchas.

Sin embargo, esta cifra no supera a la que hubo el año 2020. Eso tiene una explicación y es que en ese ejercicio fue cuando estalló la pandemia y el confinamiento, que hizo que mucha gente tuviera que pasar por los servicios sociales de manera puntual. Además, el Ayuntamiento puso en marcha una serie de ayudas específicas por el estado de alarma que es lo que marca básicamente la diferencia entre un año y otro.De este modo, en 2020 se atendió a 3.549 familias (436 más que en 2021), se destinaron más de 4,1 millones y se tramitaron 22.033 ayudas.

En ese año 2020 con la llegada de la pandemia se dieron muchas situaciones de Ertes, aislamientos, cierre perimetrales y disoluciones de pequeñas empresas y negocios que hizo que Servicios Sociales tuviera que generar estas ayudas extraordinarias para hacerle frente a la situación.

Sin embargo el año 2021 puede haber marcado un punto de inflexión en la manera de gestionar las ayudas, algo que se puede ver potenciado en la primera parte de este año. Helena Fernández califica como “fundamental” la entrada en escena del Ingreso Mínimo Vital. Esta es una prestación estatal dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas.

El que muchas de las familias hayan podido acceder a unos ingresos mínimos también ha permitido que bajen las prestaciones “y además es bueno para que las personas también sean capaces de autogestionar el dinero que recibe”.

Uno de los principales problemas a los que se ha enfrentado la plantilla de Servicios Sociales es que gran parte de su labor se dedica a la tramitación de las ayudas.

Sin embargo, tal y como asegura la propia concejala, este año se quiere comenzar a aplicar de manera paulatina un modelo de prestación complementaria, una especie de ayuda única para la que se haría un estudio con cada una de las familias con las necesidades que tienen y se les dará una cantidad económica que tendrán que autogestionar, algo que les ayuda también a aumentar su autonomía. Eso además vendrá acompañado de que las justificaciones de los gastos será más larga en el tiempo.

A juicio de Fernández, eso va a permitir que se pueda hacer un trabajo mucho más intensivo y efectivo con las familias para que puedan salir de la situación en la que se encuentra. Y a todo eso se le suma que puede cambiar en el modelo que hasta ahora ha tenido Servicios Sociales.