Funcionarios del Departamento de Infraestructuras de la Secretaría de Estado de Seguridad han paralizado las obras de remodelación del edificio de la Comisaría Provincial de Cádiz en la Avenida Andalucía por no cumplir con los requisitos exigidos por la ley las diferentes normativas.

Después de una reforma que comenzó allá por 2016, las obras “no son las adecuadas ni cumplen con los mínimos parámetros establecidos y en algunos casos exigidos por ley y por diferentes normativas", según denuncia el Sindicato Unificado de Policía (SUP) a través de un comunicado en el que dice haber recibido confirmación de la paralización por parte del comisario provincial.

La central sindical afirma que no son apropiadas ni cumplen con la normativa y los reglamentos vigentes las telecomunicaciones, ni los calabozos, ni la sala 091, ni la galería de tiro, entre otras instalaciones. “De hecho, en una reciente visita de los funcionarios de Infraestructuras de Secretaría de Estado de Seguridad, venidos desde Madrid para supervisar dicha obra, han optado por paralizarla, dado que los trabajos no son para nada los adecuados, extremo éste confirmado por el Comisario Provincial”, informa el SUP.

“Lo que en principio iba a ser una obra de meses parece que lleva camino de convertirse en una chapuza interminable y en otro pozo sin fondo de dinero público: si sumamos el total en estos años rozamos los cinco millones de euros”, argumenta el sindicato.

“Desconocemos a día de hoy cual será la decisión del Ministerio del Interior a tenor de los últimos acontecimientos, si seguir gastando dinero en un proyecto desfasado, inoperativo y sin futuro o decidirse ya por fin y apostar por la construcción de una Comisaría nueva, que pueda acoger en un solo complejo todos los servicios policiales; con solo poco mas de lo que llevamos gastado tendríamos una magnífica Comisaría Provincial de nueva construcción”, afirman en el comunicado.

Desde el sindicato recuerdan que los agentes abandonaron el edificio para trasladarse a ‘El Pirulí’ después de un gasto de 1,5 millones en fachada y estructura; de 6.000 euros en el encapsulamiento del amianto y de 18.000 en la mudanza. A eso hay que sumar los 500.000 euros anuales de alquiler que se pagan a Telefónica.