Cádiz

Ocho años a Rodríguez de Castro, único condenado por el caso Rilco

  • Los magistrados absuelven de todos los delitos a Miguel Osuna, Rafael Ortiz y a Germán y Camila Leyva Los considera peones movidos por una "personalidad manipuladora"

El ex delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro, ha sido condenado a ocho años de prisión por un delito continuado de fraude para la obtención de ayudas de las Administraciones Públicas, otro delito continuado de malversación agravada de caudales públicos y un delito de prevaricación administrativa por el caso Rilco, mientras que el resto de los procesados quedan absueltos de todo lo que se les imputaba.

Los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial consideran a Rodríguez de Castro como el ideólogo "de un plan en el que va implicando a terceros, a veces como peones ignorantes de su verdadero papel, que se ven envueltos en una trama en la que los tiempos son dispensados a conveniencia y de la que la única visión de conjunto se reserva para sí como método de estrategia y liderazgo, cercano al concepto de imprescindibilidad" y todo esto gracias a una personalidad "dotada de una gran inteligencia y preparación", según recoge la sentencia redactada por el ponente Miguel Ángel Ruiz Lazaga.

El perfil que presenta el magistrado del único condenado se completa con la aseveración de Sánchez de la Medina durante la vista oral que argumentó que Rilco se dirigía de forma "personalista, que compartimentaba la información, que la suministraba de modo y manera que nadie pudiera contar con toda ella salvo él mismo, que no utilizaba intermediaciones acudiendo directamente a cada cual para reclamarle lo que de él pretendía, provocando su compromiso e incluso una deuda de agradecimiento personal", añade la sentencia, que continúa atribuyendo a De Castro "una personalidad manipuladora que en nada casa con la que ha querido dar en el acto del plenario donde se nos presenta como una marioneta en manos de los abogados del Estado, limitándose a hacer lo que estos le decían, sin voluntad ni criterio propios".

Esta argumentación ha llevado al tribunal a absolver al resto de procesados, bien por falta de intencionalidad en sus actos negligentes, bien por la ausencia de conocimiento de la actitud delictiva que rodeaba a este proceso. Por tanto, el ex delegado del Estado en la Zona Franca y sucesor de De Castro, Miguel Osuna, el director general de Rilco S.A. tras la marcha del propio De Castro, Rafael Ortiz, y el matrimonio de empresarios estadounidense Germán y Camila Leyva han quedado absueltos de la totalidad de los delitos por los que fueron juzgados.

Por su parte, Manuel Rodríguez de Castro ha sido condenado por un delito continuado de fraude para la obtención de ayudas de la Administración Pública a dos años y un día de cárcel y ocho años y un día de inhabilitación para empleo o cargo público; por un delito continuado de malversación agravada de caudales públicos, a las penas de seis años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por quince años y un día; por un delito de prevaricación administrativa cometido por autoridad pública, a otros siete años de inhabilitación; mientras que ha sido absuelto de otro delito de fraude. Las penas que tendrá que hacer frente como responsabilidad penal suman ocho años y dos días de prisión, más treinta años y dos días de inhabilitación para empleo o cargo público. En cuanto a la responsabilidad civil, la condena incluye una indemnización a Rilco S.A. en la cantidad de 235.513,94 euros, más los intereses legales, que también deberá afrontar el ex delegado.

Rodríguez de Castro cometió delito continuado contra la Hacienda Pública al incumplir las condiciones establecidas en el desarrollo de una actividad subvencionada con fondos públicos, como fue el proyecto Rilco I, "alterando sustancialmente los fines para los que la subvención fue concedida" por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, con el objeto de desarrollar el portal informático.

El juez ve delito de prevaricación administrativa en la adjudicación llevada a cabo por Rodríguez de Castro del proyecto de Rilco al matrimonio Leyva, en la que prescinde de las "garantías procesales exigidas, que no pasaron de ser una mera apariencia de legalidad desactivada como tal con el fin de imponer su soberana voluntad en la resolución del concurso y ello de una manera totalmente consciente".

Finalmente, la sentencia recoge el delito de malversación de caudales públicos debido a la situación económica que registra Rilco S.A. tras la gestión de Rodríguez de Castro, señalándose "que la sociedad se encuentra incursa en causa de disolución al tener un patrimonio inferior a la mitad de su capital social".

El sucesor de Rodríguez de Castro como delegado del Gobierno en la Zona Franca de Cádiz, Miguel Osuna, tomó posesión de su cargo en marzo de 2001 y en el juicio se le imputaban los delitos de fraude continuado y malversación de caudales públicos, si bien ha sido absuelto de ambos. La acusación particular ejercida por el PSOE sumaba además el delito de encubrimiento, del que también ha quedado absuelto el defendido por el abogado Felipe Meléndez. La sentencia recoge argumentos dados por el Tribunal de Cuentas para explicar la situación de Osuna, "que tuvo que optar entre no cumplir los requisitos para cobrar las dos subvenciones o consignar ese dinero en la cuenta corriente en la que él seguía siendo la persona que podía autorizar la salida de los fondos, que se realizaron en 2002 y 2003 cuando los técnicos de Rilco aprobaban las certificaciones de obras presentadas por Miami Free Zone a Rilco". Para los jueces, Osuna realizó pagos indebidos, injustificados, aunque "la carencia de acreditación suficiente de voluntariedad en el daño producido evita que pueda apreciarse en su actuación la apreciación del dolo, pero, en todo caso incurrió en grave negligencia en el ejercicio de sus funciones", como recoge la sentencia parafraseando al Tribunal de Cuentas, que lo condenó a devolver 4,3 millones de euros a la Zona Franca, y que sí vio dicha actitud dolosa en las actuaciones de Rodríguez de Castro. Los tipos penales que se imputaban a Osuna solo admiten la modalidad dolosa, es decir, con intención, que el tribunal no ve acreditada, por lo que disponen su absolución.

Rafael Ortiz ha quedado absuelto de un delito de fraude, otro continuado de malversación de caudales públicos y uno más de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público. Rodríguez de Castro nombró a Ortiz director general de Rilco durante su último día como delegado del Consorcio por "la ilusión que tenía proyectada en Rilco" y "quería evitar que dicha obra se desvaneciera con la llegada del nuevo delegado. La contratación fue evitar que el proyecto se devaluara y cayera en el olvido", como se recoge del escrito de defensa. La sentencia explica que Ortiz estaba llamado a ser el hombre de confianza de De Castro en Rilco una vez que este salió del Consorcio de la Zona Franca. Además, la relación del director general con Osuna es de "muy difícil compatibilidad", según el magistrado ponente, "para que sirviera de abono a la tesis de la acción delictiva concertada".

La sentencia recoge extractos de la defensa de Ortiz para argumentar que "su condición de director general era puramente formal", y continúa más adelante, "no fue contratado como gestor o gerente de Rilco y nunca ejerció como tal". Por esta explicación, consideran que Rafael Ortiz tuvo "poderes extraordinariamente limitados", que "en modo alguno alcanzaban a avalar competencias como las que se le imputan de aceptar facturas y ordenar sus pagos". Tampoco podía promover la rescisión o revisión del contrato con Miami Free Zone con las consiguientes compensaciones porque no entraba dentro del ámbito de su competencia, explica la sentencia.

Las partes tienen un plazo de cinco días a contar desde ayer si desean interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

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