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Cádiz

Protección de Datos ya investiga el proceso para cambiar el nombre del Estadio Carranza

  • El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía admite a trámite la denuncia presentada contra el Ayuntamiento

El estadio municipal, todavía oficialmente llamado Ramón de Carranza.

El estadio municipal, todavía oficialmente llamado Ramón de Carranza. / Lourdes de Vicente

El proceso creado por el equipo de gobierno para elegir un nuevo nombre para el Estadio Ramón de Carranza sigue complicándose. La denuncia presentada contra la Agencia de Protección de Datos sigue prosperando, hasta el punto de haber sido admitida y de haberse iniciado ya una investigación sobre el procedimiento seguido en la recepción de los votos y en la comprobación posterior.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha admitido a trámite la denuncia presentada el pasado mes de octubre contra este procedimiento; a la vez que ha ordenado “que se inicien de oficio desde el área de Protección de Datos actuaciones previas de investigación” para aclarar lo ocurrido y proceder, llegado el caso a la “tramitación del correspondiente procedimiento por infracción de la normativa de protección de datos personales”.

Esta resolución del ente andaluz que vela por la protección de datos llega días después de que el Ayuntamiento haya presentado (con fecha 25 de noviembre) el informe en respuesta a la denuncia presentada, explicando el modo en que se ha llevado a cabo el proceso de votación del nombre del Estadio así como la posterior comprobación de los participantes respecto al padrón municipal. Informe municipal que no ha trascendido, por lo que se desconocen los argumentos utilizados por el Ayuntamiento en su defensa.

Conviene recordar que la denuncia a Protección de Datos se realizaba por varias irregularidades detectadas en la forma de actuar del Ayuntamiento. En primer lugar, al anunciar que una vez cerrada la votación procedería a comprobar los datos de cada participante en el padrón municipal para certificar que sólo se contabilicen los votos de ciudadanos residentes en Cádiz. Algo que se considera ilegal puesto que el Ayuntamiento no puede acceder al padrón, debiendo ser el interesado el que solicite esos datos o, en determinadas situaciones, consienta formal y expresamente que la administración realice esa consulta. Unido a esto, se trasladaba en la denuncia que las administraciones tienen establecido el modo correcto y oficial de identificación de los usuarios que quieran realizar alguna gestión, el cual no se puso en marcha en este procedimiento. Y en tercer lugar, se denunciaba también que el procedimiento de votación se hiciera a través de una empresa ajena al Ayuntamiento, aunque sea de titularidad municipal (Onda Cádiz).

Todo esto ha sido admitido ya a trámite y está siendo investigado por la Protección de Datos andaluza (que es la que tiene competencias en la materia), que recuerda que el procedimiento iniciado tiene ahora hasta doce meses para ser resuelto. Período durante el cual el Ayuntamiento no podrá seguir adelante con ese proceso de elección del nuevo nombre del Estadio que por el momento seguirá llamándose Ramón de Carranza.

Abocados a mantener el nombre

Las opciones que tiene ahora el equipo de gobierno, una vez que se ha pronunciado el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, pasan por olvidar el cambio de nombre del Estadio por un período máximo de un año, retomando las actuaciones que se estimen después de que se resuelva esta cuestión; o bien optar, como ya ha amenazado el alcalde o el concejal de Memoria Histórica, por cambiar el nombre obviando ese procedimiento participativo tan defendido y recurriendo a la Junta de Gobierno Local. Opción esta última que choca con el acuerdo plenario al que obligó la oposición de elaborar una ordenanza específica que determine el modo en que deben cambiarse los nombres de calles y edificios públicos de la ciudad antes de actuar en cualquier otra vía.

Todo ello mientras Protección de Datos avanza con una investigación que puede derivar en la certificación de la existencia de irregularidades durante el proceso determinado por el Consistorio y, en ese caso, acabar incluso con la imposición de alguna sanción.

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