El inicio del proceso de modificación del PGOU para regular los usos de edificaciones como equipamientos turísticos no ha rebajado las críticas de sectores empresariales al plan municipal.

Desde finales de diciembre se ha paralizado la concesión de nuevas licencias para equipamientos turísticos mientras se aprueba la modificación del plan. A la vez, se renuevan las propuestas ciudadanas.

Una de las primeras, a la que ha tenido acceso este diario, la firma el arquitecto Gumersindo Fernández, que en los últimos años se ha convertido en uno de los principales promotores inmobiliarios de la ciudad.

El texto es contundente y muy duro con el plan municipal, que considera que tiene un carácter "ideológico".

Asi, afirma que esta planificación "tiene como consecuencia cercenar la libertad individual y la libertad de empresa, lo que denota un desprecio hacia la capacidad de los ciudadanos de decidir y gestionar su propia vida y limitando el ya maltrecho derecho a la propiedad privada".

Para Gumersindo Fernández, la acción municipal se apoya en un estudio elaborado en 2019, que considera totalmente desactualizado.

"Si se quiere dotar de credibilidad a esta modificación del PGOU parece razonable esperar a ver cómo evoluciona el turismo y la economía una vez finalice la pandemia provocada por el coronavirus. Aventurarse a limitar una actividad como el turismo en Cádiz ante tal incertidumbre, como poco es imprudente, cualidad no deseable en nuestros dirigentes políticos".

A la vez se lamenta que el informe sobre el que se ha apoyado el plan del gobierno municipal, ha ignorado los efectos económicos que el sector turístico tiene en la ciudad, citando a la hostelería, la construcción, la sanidad y el desempleo. "Regular sin esta información es igual que regular a ciegas", concluye el alegante.

Junto a todo ello, el arquitecto y promotor gaditano destaca que estos alojamientos no tienen un uso limitado a los turistas que visitan la ciudad. "También dan servicio a los desplazamientos necesarios por trabajo, por salud, por formación y congresos, o por otros motivos no vinculados al ocio y el descanso". Y aduce que una limitación “de la capacidad de alojamiento de la ciudad tendrá efectos colaterales sobre estas actividades”.

Uno de los objetivos que tiene el plan contra la turistificación es evitar la pérdida, especialmente en el casco antiguo, de la vivienda residencial, restando por ello oportunidad a la ciudadanía para acceder a este mercado. El documento que se presenta ahora al Ayuntamiento rechaza esta premisa.

"Para ver la incidencia que las viviendas turísticas tienen sobre los precios del alquiler, habría que abrir el marco geográfico de estudio y entender que Cádiz no funciona aisladamente, sino en un área metropolitana".

En este sentido, se rechaza también la elección de índices para medir la densidad turística en los distintos barrios de la ciudad. "Son límites totalmente arbitrarios, que responden a la intencionalidad política de limitar el turismo".

Alerta el promotor, en su reflexión sobre la falta de vivienda social aducida por el gobierno local, de "la desidia municipal a la hora de aplicar las herramientas que proporciona la legislación" para actuar sobre el mercado del suelo. "Tampoco se hace uso, ni se ha regulado, el registro municipal de solares y edificaciones ruinosas, lo que sería consecuente con el alto número de fincas vacías que hay en la ciudad tal y como recoge el estudio del Ayuntamiento", comenta con ironía el promotor.

A la vez, se insiste en la importancia que para el mantenimiento del patrimonio histórico está teniendo el desarrollo hotelero de la ciudad "que ha evitado el deterioro de gran número de fincas y las ha puesto en valor. Cambiar el PGOU suprimiría la oportunidad que supone la inversión turística para actuar en la gran cantidad de edificios históricos que aún quedan en la ciudad", aunque el Plan previsto sí deja actuar sobre muchos de ellos.