Los policías del Grupo de Delincuencia Económica que investigaron los gastos que el ex vicerrector Francisco Antonio Macías Domínguez sufragó con fondos públicos de la Universidad de Cádiz contabilizaron 477 cargos sospechosos de ser irregulares, de los cuales 351 se concentraron en viernes, sábados y domingos.

Ésta fue una de las conclusiones a las que se llegó este martes durante la segunda sesión del juicio con jurado por el caso de las tarjetas black, un procedimiento penal que ha sentado en el banquillo al catedrático Francisco Antonio Macías, acusado de desviar más de 30.000 euros de la UCA en su propio beneficio mientras ocupaba el puesto de vicerrector de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (VIDI) entre 2007 y 2011.

Los agentes que llevaron a cabo un informe a partir de la información requerida a la UCA para esclarecer el asunto explicaron que les llamó la atención los numerosos gastos cargados a la contabilidad de la Universidad por parte del catedrático los fines de semana y festivos, lo que no tenía encaje con la justificación dada por el acusado sobre la prolongación de su jornada laboral. Asimismo, indicaron que el viernes era el día que Macías daba más uso a la tarjeta de crédito corporativa de la UCA. 

Los policías manifestaron también que en los cargos efectuados por el ex vicerrector aparecían facturas de almuerzos y cenas de trabajo con un elevado número de comensales. Sin embargo, según los agentes, cuando se entrevistaron con los supuestos invitados, la mayoría "negó tajantemente" haber participado en esas comidas. Algunos incluso negaron que conocieran al catedrático. No obstante, otros admitieron haber estado presentes en esos encuentros, si bien no recordaban ni la fecha ni el establecimiento.

En informe del Grupo de Delincuencia Económica ratificado en sala recogía a modo de conclusión que Macías Domínguez utilizó a personas de su entorno para justificar de forma falsa comidas de trabajo pagadas con fondos de la UCA y darles apariencia de realidad.

Macías gastaba “a un nivel muy superior” que otros vicerrectores, según su secretaria

En la segunda sesión del juicio por el caso de las tarjetas black también prestaron declaración como testigos Diego Sales y Eduardo González Mazo, ambos ex rectores de la Universidad de Cádiz. Sales, rector de la UCA a la fecha de los hechos, afirmó que era práctica habitual que los Vicerrectorados pagasen de su presupuesto determinadas atenciones protocolarias a los miembros de otras universidades así como gastos de representación. Para ello, dijo, se disponía de una caja habilitada y de tarjetas corporativas, cuyos cargos debían ser siempre justificados y motivados y posteriormente enviados al Área de Asuntos Económicos.

Interrogado por la defensa de Macías sobre si era normal que un vicerrector realizase cargos en fin de semana como prolongación de su jornada laboral, Sales aseveró que no era lo habitual pero que podía ocurrir. "En un Vicerrectorado se trabaja todo el año a todas horas, también los sábados y los domingos", apuntó.

Sales subrayó que las cuentas anuales de la UCA pasan numerosos controles por auditorías internas, externas, por la Cámara de Cuentas de la Junta de Andalucía y por el Tribunal de Cuentas del Estado. En esos controles, precisó, nunca se detectaron anomalías durante su mandato como rector. 

González Mazo, por su parte, recordó que era director general de Acceso y Orientación de la Universidad de Cádiz a la fecha de los hechos y que alcanzó el puesto de rector en 2011, un cargo que ostentó, durante dos mandatos, hasta 2019. 

A preguntas del fiscal, Mazo manifestó que en diciembre de 2014 encargó realizar auditorías en la UCA a raíz de la información publicada por este medio sobre el uso fraudulento de las tarjetas black, una investigación que contó con el respaldo del Consejo de Gobierno de la Universidad y del claustro. Al respecto, el ex rector detalló que la Inspección General de Servicio le trasladó tres casos con irregularidades -entre ellos, el Francisco Antonio Macías- en los que se incoaron procedimientos administrativos sancionadores que, sin embargo, se archivaron porque habían prescrito. González Mazo apostilló que antes de esa auditoría no se había detectado ninguna anomalía en la contabilidad de la UCA.

Ambos ex rectores coincidieron en señalar que bajo ningún concepto ordenaron destruir la agenda del catedrático acusado de malversación, una hipótesis que baraja la defensa del procesado en el juicio. Tanto Sales como Mazo recalcaron que las agendas de los vicerrectores se llevan al Consejo de Gobierno de la UCA, cuyas actas son públicas. 

En la sesión de este martes declaró también como testigo la secretaria de Macías Domínguez entre 2007 y 2001, quien explicó que ella rellenaba los impresos de motivaciones de gastos para justificar los cargos efectuados con la tarjeta de crédito de la UCA "siguiendo siempre las instrucciones" que le daba el ex vicerrector procesado. Esta testigo, que ha sido secretaria de ocho vicerrectores a lo largo de su trayectoria profesional, afirmó que Macías Domínguez "gastaba a un nivel muy superior" en comparación con otros vicerrectores.

Por último, testificó el gerente de la UCA entre 2004 y 2011, Antonio Badillo. El gerente aclaró que las tarjetas corporativas se empleaban para "pequeños importes" e "imprevistos urgentes", pues así se recogía en la normativa de la UCA. A preguntas de la abogada de la Universidad de Cádiz, Badillo admitió que el mecanismo de control de las tarjetas de crédito era débil.