La licitación del nuevo contrato del servicio de limpieza y recogida de los residuos urbanos por parte del Ayuntamiento de Cádiz mantiene en vilo a la oposición. Con la fecha del 31 de julio en el horizonte como fin de la segunda prórroga del acuerdo con la UTE Sufi-Cointer, ayer fue Ciudadanos quien denunció la situación que se va a generar a partir de final de mes. El portavoz de la formación naranja, Juan Manuel Pérez Dorao, destacó que detrás de este asunto vuelve a ponerse de manifiesto "la incapacidad del Gobierno de la ciudad para gestionar asuntos capitales", ya que esta competencia es "obligatoria" para el Consistorio.

Pérez Dorao resaltó en su explicación del problema administrativo que se genera con este asunto que lo que se va a producir, a partir de lo que señala la normativa, es "una adjudicación encubierta" al realizarse una "prórroga tácita" del contrato del servicio, por lo que "se contraviene el principio de libre concurrencia", algo que está "expresamente prohibido".

Afirma que el proceso de licitación se puede alargar entre ocho o nueve meses

El edil de Ciudadanos resaltó que en el contrato de esta prestación "se establece expresamente la prohibición de prorrogarlo tácitamente", ya que en él se dice que "esta posibilidad es contraria a la ley". Junto a esto, indicó que es el pliego de condiciones administrativo en donde "se preveía una prórroga forzosa también por un año", que es "la que estamos consumiendo actualmente".

Con todo, recordó que no se contempla en la ley lo que puede suceder "si un contrato se extingue por agotamiento de su plazo de duración y no se ha previsto la sustitución cuando se trata de la prestación de un servicio".

Ante esto, indicó que en este tipo de casos excepcionales lo que se suele hacer es lo que se recoge en la antigua Ley de Contratos del Sector Público, en donde se establece que en caso de nulidad del contrato existe "la posibilidad de mantener los efectos del contrato nulo hasta que se solventaran los problemas que pudieran permitir que el interés público no se perjudicara". Una aplicación "con carácter analógico" a la que, según Pérez Dorao, "no vamos a tener más remedio que acudir". Para ello, señaló que "hará falta que haya un informe que motive esa situación o esa solución y hará falta una resolución expresa".

A la espera de la decisión final que tome el Ayuntamiento sobre la prórroga del servicio, Pérez Dorao calculó que "en el mejor de los casos" pueden pasar entre ocho o nueve meses para que se realice la adjudicación de este servicio una vez que se inicie la licitación debido a su gran cuantía.

Por su parte, la edil de Ciudadanos María Fernánez-Trujillo recordó que "llevamos más de dos años con el tema, llevándolo al Pleno en diversas ocasiones y pidiéndoles por favor que acometieran estos trabajos, que sacaran el pliego, que era algo necesario e imprescindible para la ciudad".