-Ha sido usted recientemente reelegido decano del Colegio de Abogados de Cádiz. Qué retos ha conseguido en su último mandato y qué nuevos proyectos le esperan por delante.

-Hemos avanzado mucho en la transformación digital del colegio, adaptándonos a los nuevos tiempos y prestando cada vez más servicios a los colegiados a través de la web colegial, las aplicaciones informáticas, la biblioteca digital, la secretaría virtual... Aún nos queda mucho trabajo por delante para mejorar todos estos servicios y para reforzar el papel del colegio como corporación profesional para la defensa de los intereses de los abogados y la ciudadanía frente a la Administración, los tribunales de Justicia y la propia sociedad.

-También ha sido elegido nuevo presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados. ¿Qué supone esto para usted?

-Supone un honor poder representar a esta institución y hacerlo además en mi condición de decano del Colegio de Abogados de Cádiz. El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados tiene un papel muy importante como interlocutor ante la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía y ante los tribunales andaluces en defensa de los intereses comunes de todos los abogados.

-Corren malos tiempos para la Justicia, cuya independencia está más cuestionada que nunca, sobre todo después de hacerse público el cambio de criterio del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas. ¿Qué nos puede decir al respecto?

-La actuación del Tribunal Supremo ha causado un daño enorme a la confianza que los ciudadanos deben tener en nuestros tribunales, a su credibilidad. Con independencia de la fundamentación de las sentencias en uno u otro sentido y de los cambios de la jurisprudencia, que son habituales, es absolutamente injustificable que el Tribunal Supremo corrija su propio criterio inmediatamente después de dictar una sentencia tan trascendente para miles de ciudadanos.

-¿Qué opinión le merece que el juez Manuel Marchena renuncie a presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial después de conocerse el mensaje de Whatsapp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que se jactaba de controlar “por detrás” al Alto Tribunal?

-Me parece una actitud que le honra. La independencia del Poder Judicial nos concierne a toda la sociedad como garantía del Estado democrático de Derecho, pero son los políticos y los propios órganos judiciales quienes tienen la obligación de velar por ella. Es muy preocupante la ligereza con la que los políticos tratan temas tan trascendentes para el funcionamiento del Estado de Derecho como es la independencia del Poder Judicial y de su órgano de gobierno.

-En los últimos días se han sucedido varias huelgas de los operadores jurídicos. Funcionarios, Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), jueces y fiscales están en pie de guerra contra el Ministerio de Justicia. Eso sí, emprenden sus batallas por separado. ¿Entiende y comparte sus reclamaciones?, ¿sería más efectivo que llevasen a cabo sus acciones reivindicativas de forma conjunta?

-Los abogados compartimos cualquier reivindicación de jueces, fiscales, LAJ y funcionarios que tenga por objeto reclamar una mayor independencia judicial, la dotación de más medios materiales y humanos, incluso la mejora de sus propias condiciones profesionales, siempre que las medidas de protesta que adopten no perjudiquen ni demoren las actuaciones judiciales.

-¿Es la Justicia la 'hermanastra fea' de la Administración?

-Sí, fea, y lo que es peor, pobre. Es necesario que los gobernantes sean conscientes de la importancia que tiene la Administración de Justicia para el propio Estado, para la sociedad y para los ciudadanos; solo cuando sean conscientes de ello harán las inversiones necesarias para que la Justicia funcione correctamente. Si un ciudadano tiene que esperar dos o tres años a que se celebre un juicio por la sobrecarga de asuntos que presenta un determinado juzgado (como pasa por ejemplo en los Juzgados de lo Social, Mercantil o de condiciones generales de la contratación), la Justicia como servicio público no está funcionando correctamente. Y esto no solo se soluciona con reformas legislativas (que hay que hacer), sino invirtiendo en medios materiales y humanos, incrementando el presupuesto.

"Es muy preocupante la ligereza con la que los políticos tratan temas tan trascendentes como la independencia del Poder Judicial"

-La Ciudad de la Justicia en Cádiz sigue siendo hoy un proyecto en papel. La realidad es que las sedes judiciales siguen dispersas y con graves carencias. Como representante de los abogados gaditanos, ¿qué exige en este sentido?

-Desde el Colegio de Abogados de Cádiz exigimos la construcción de la Ciudad de la Justicia como un edificio de nueva planta, porque eso permite un diseño y una funcionalidad específica para el uso judicial -similar al que se ha construido en otras capitales andaluzas como Málaga, Almería o Córdoba- que responda a la capitalidad de la ciudad de Cádiz y que permita su crecimiento en caso de necesidad. Valoramos muy negativamente que después de tantos años siga siendo un proyecto solo en papel. Hoy no existe ninguna Administración Pública (ni Hacienda, ni la Seguridad Social, ni las dependencias autonómicas o municipales) que presente instalaciones en estados tan precarios como los que tienen algunos juzgados.

-Las deficiencias en sedes judiciales no son el único problema. Ni Lexnet, ni Adriano, ni Papel Cero... La inclusión, efectiva y por derecho, de las nuevas tecnologías a la Administración de Justicia para agilizar su funcionamiento parece que no llega a cuajar. ¿Dónde está el problema?, ¿cuál es la solución?

-El problema es el mismo que aludía antes, el de la inversión. Hacen falta más y mejores medios, más plazas de jueces, fiscales, letrados y funcionarios, aplicaciones informáticas eficientes, sedes judiciales adecuadas... A esto se unen las reformas procesales que deben realizarse, como la necesidad de la especialización.

-Con las elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina, ¿cuáles son, bajo su punto de vista, las promesas políticas que deben materializarse cuanto antes?

-Limitándome al área de Justicia, creo que es muy necesario alcanzar un pacto de Estado de la Justicia, también a nivel autonómico. Se trata de un acuerdo que la abogacía viene reclamando, con intervención de los profesionales, para que incluya reformas legislativas e inversiones presupuestarias.

"La Justicia es la 'hermanastra fea' y, lo que es peor, pobre de la Administración"

-A raíz de su nombramiento como decano, el Ayuntamiento de Cádiz lo felicitó por su gestión del turno de oficio, máxime “en una provincia como Cádiz, donde la situación económica hace que muchas familias tengan que solicitar la justicia gratuita”, decía literalmente el comunicado del Consistorio gaditano. ¿Está de acuerdo con esta afirmación?

-En los últimos tiempos parece que la sociedad está reconociendo el trabajo de los abogados de oficio, con los que tenemos una deuda pendiente por la labor que vienen desempeñando como garantía de la igualdad en el acceso a la tutela judicial efectiva que garantiza nuestra Constitución, y eso es algo de lo que desde el Colegio de Abogados de Cádiz nos sentimos extraordinariamente orgullosos, por eso reclamamos para nuestros compañeros una retribución justa y digna. Y en lo que afecta a nuestra provincia, efectivamente, la gestión del turno de oficio es muy importante para el colegio porque tenemos un número muy importante de ciudadanos que por su situación económica resultan beneficiarios de la justicia gratuita.

-La Asociación de Jóvenes Abogados (AJA) ha impulsado un acuerdo con el respaldo del Colegio de Abogados de Cádiz a partir del cual las letradas gaditanas podrán suspender los juicios las 16 semanas posteriores al parto al no tener reconocida la prestación por maternidad. No obstante, este pacto sólo alcanza a tres juzgados. ¿Cuándo se hará extensivo el acuerdo a toda la provincia?

-Esperemos que pronto, porque AJA está realizando una magnífica labor defendiendo la conciliación de la vida familiar y profesional de los abogados y abogadas, alcanzando acuerdos con los jueces decanos que pretendemos que se extiendan a toda la provincia.