La problemática relacionada con el uso turístico de las viviendas no parece tener fácil solución en la ciudad. Sobre todo, porque dentro del Ayuntamiento las distintas fuerzas políticas no tienen la misma radiografía del escenario actual y están lejos de lograr un acuerdo al respecto. O, al menos, el equipo de gobierno y el PSOE, que son los únicos que se han sentado a hablar de esta cuestión ante la negativa de Adelante cádiz de analizarlo con el resto de grupos.

El gobierno local sigue firme en su propuesta, que ya fue tumbada en un pleno extraordinario en julio, de suprimir durante un año cualquier licencia dirigida a otorgar uso de hospedaje a cualquier edificio cuyo uso en el PGOU vigente sea residencial, además de cambiar ese PGOU para establecer límites a posibles proyectos hoteleros futuros. Y frente a esto, los socialistas plantean otros caminos con los que conseguir el equilibrio entre vivienda y turismo, poniendo el foco sobre las denominadas viviendas con fines turísticos (VFT) y no incluyendo en el mismo bloque a los hoteles ni a los apartamentos turísticos. “Entendemos que el momento actual de cierre de hoteles por temporadas, unido a la falta de nuevos proyectos de aprobarse la moratoria vinculada a la modificación puntual del PGOU, no solo produciría daños irreparables para el sector económico, sino que no solucionarían el problema de falta de vivienda en nuestra ciudad, ya que el problema se encuentra en las VFT”, afirman desde el PSOE.

Así las cosas, el planteamiento de los socialistas gira en torno a un mayor control y una pérdida de incentivos sobre aquellas viviendas que se empleen con fines turísticos. En concreto, se ha trasladado al equipo de gobierno una serie de acciones para garantizar, por un lado, que estas viviendas cumplen los requisitos establecidos en el decreto regulador que la Junta de Andalucía redactó en 2016 y para intentar, por otro lado, gravar con mayor porcentaje las tasas e impuestos de estas viviendas que tengan reconocidas un uso turístico y no residencial.

Respecto al control de las VFT, se propone que utilizando los datos del registro que tenga la Junta se revise que se mantiene la capacidad otorgada en la licencia de ocupación, aplicando en caso contrario el régimen sancionador; “fiscalizar que todas las VFT dispongan de licencia de primera ocupación”, aplicando el régimen sancionador en caso contrario; vigilar que las VFT cumplen en todo momento con los requisitos establecidos en el decreto regulador de esta modalidad de hospedaje; o verificar mediante inspecciones que todas las VFT disponen de hoja de quejas y reclamaciones con el pertinente cartel anunciador, “con aplicación del régimen sancionador en caso de incumplimiento”. “Entendemos que controlar el fraude en esta modalidad está en manos de la delegación competente que de manera trasversal con otras áreas como Turismo, Consumo y cuantas tengan por conveniente frenarían el fenómeno de VFT que consideramos, si no el único, el más importante en cuanto al acceso a la vivienda en Cádiz”, valoran desde el grupo municipal socialista.

Además de esto, el PSOE ha planteado otras medidas dirigidas a gravar las VFT, para que de alguna manera sirva para persuadir a los propietarios de optar por el alquiler de larga duración en lugar de los fines turísticos. En concreto, la propuesta socialista habla de equipar la tasa de gestión de residuos sólidos urbanos de las VFT a la tasa que abonan el resto de alojamientos de hospedaje debidamente regulados; y algo similar plantea para los contratos de suministro de agua y de luz, que no podrían beneficiarse de las tarifas domésticas.

El resto de medidas

A estas acciones de control y de nuevas tasas e impuestos para las VFT suma el PSOE las propuestas que viene defendiendo respecto al establecimiento de límites al desarrollo turístico de la ciudad. En este sentido, insisten en que se ponga en marcha la ordenanza reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas que está en vigor desde 2016 y que permitiría la venta forzosa de esos bienes cuyos propietarios incumplan los deberes de edificación, conservación y rehabilitación, para lo cual exigen que se modifique el presupuesto y se destine crédito económico a esta fin. También insisten en que se revise la ordenanza de Alquiler Justo, ya que una revisión de los precios puede provocar un incremento del alquiler en el sector privado; a este respecto, instan también al Ayuntamiento a agilizar los pagos de los alquileres subvencionados “ya que desmotivan a los propietarios a la hora de poner sus viviendas a disposición del Ayuntamiento”.

Y en paralelo a todo esto, plantean una conexión más directa con la Junta de Andalucía, administración competente en materia de Vivienda y de Turismo; solicitando convocar la mesa tripartita (en la que también participarían los agentes sociales), llevando los partidos políticos iniciativas al Parlamento Andaluz; o instando a que la Junta legisle la declaración de zonas turísticamente saturadas en las ciudades, “al no existir regulación al respecto y careciendo, por tanto, los municipios de las competencias necesarias para ello”.

“La medida que plantea el equipo de gobierno entendemos que no es la única solución para atajar la problemática de falta de vivienda. No puede ser la modificación del PGOU la única prevención que se tome en el marco de las competencias municipales; se deben articular otras muchas medidas directas e indirectas”, valoran los concejales socialistas.