En noviembre del año 2015, al poco de llegar al gobierno local el equipo liderado por José María González, el Ayuntamiento suscribió un protocolo con el Decanato del Partido Judicial en Cádiz para tratar de evitar en la medida de lo posible que se produjeran desahucios en la ciudad. Un protocolo que nacía con clara vocación de ofrecer soluciones a las personas o familias cuya estancia en una vivienda estaba en peligro. Pasados los años, el Partido Popular requiere al equipo de gobierno que cumpla con su parte de ese protocolo antidesahucios; una reclamación que va a elevar al pleno municipal que se celebrará el próximo viernes.

Según han trasladado fuentes del PP, la actuación del Ayuntamiento en esta materia está siendo “a todas luces ineficaz e insuficiente”, mientras que los juzgados sí vienen dando correcto cumplimiento a las obligaciones que se dieron con la firma de ese convenio que va camino de los seis años en vigor, “de manera que ha informado en tiempo real a la Oficina de Defensa de la Vivienda para que, desde el momento en que se tiene conocimiento de un procedimiento de desahucio y siempre que la familia así lo quiera, se comience en el proceso de mediación para buscar solución tanto para la propiedad como para la propia familia que puede ser desahuciada”, según explica la concejal popular Maite González.

“La política antidesahucios que lleva el equipo de gobierno es a todas luces ineficaz ante el grave problema con el que nos encontramos en la ciudad de Cádiz”, afirma la concejal del PP, que señala que los casos de desahucios derivados de los juzgados “sólo supone un 6% de los casos atendidos, en palabras de la propia concejala de Vivienda, ya que la mayoría de los casos son derivados por Servicios Sociales o bien por las oficinas de asesoramiento de Procasa”.

A este respecto, llama la atención también el Partido Popular que la entrada en vigor del Real Decreto que regula acciones para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda, y que obliga a la administración municipal a aportar soluciones alternativas al desahucio que esté tratando el juzgado. “Dicho de otro modo -explica Maite González-, que si Servicios Sociales no elabora un informe sobre las medidas que aplicaría para satisfacer la necesidad habitacional de la persona en situación de vulnerabilidad para garantizar el acceso a una vivienda, la medida decae y el desahucio continúa, lo que supone otro menoscabo en lo que se refiere a las políticas antidesahucios de este equipo de gobierno”.

Por todo ello, el PP pedirá en el pleno del viernes que el equipo de gobierno ejecute minuciosamente el protocolo antidesahucios firmado en noviembre de 2015 y que Servicios Sociales cumpla expresamente con lo estipulado en ese Real Decreto publicado el pasado mes de diciembre “respecto a la obligación que tiene el Ayuntamiento ante una solicitud de suspensión de un desahucio de informar sobre las medidas a adoptar para satisfacer la necesidad habitacional de la persona en situación de vulnerabilidad que garanticen su acceso a una vivienda digna”.