El cruce de acusaciones cada vez más tenso entre el Grupo municipal del PP y el equipo de Gobierno y, concretamente, entre el presidente del primero, Juancho Ortiz, y el alcalde, José María González, Kichi, amenaza con convertirse en un drama con un número indefinido de actos. El último ha sido a cuenta de un proyecto que se puso en escena en el último Festival Iberoamericano de Teatro (FIT), en noviembre del año pasado, y cuya crítica por parte de los populares adelantó este periódico.

El presidente de los populares ha exigido al alcalde de Cádiz que explique “por qué en plena crisis Covid, los gaditanos hemos pagado 7.000 euros a un militante de Podemos para poner un archivo de audio en el FIT. Porque eso es justo lo que hizo el que fuera secretario tercero del Congreso de los Diputados, Marcelo Expósito: venir a Cádiz, irse un día a La Lechera, y reproducir un audio de unas entrevistas que había hecho en la pandemia. Sin actores, sin imágenes, sin nada más. 7.000 euros”.

En respuesta, José María González ha lamentado que el PP “siga intentando boicotear un procedimiento abierto y transparente de selección de proyectos” al poner en duda la inclusión de una obra de director Marcelo Expósito, La pandemia en germinal, en la programación del FIT de 2020.

Juancho Ortiz ha mostrado su indignación por “este nuevo escándalo del Equipo de Gobierno de Kichi, que un día sí y otro también nos sorprende con prebendas a miembros de Podemos, con cursos de verano pagados, o con auditorías encargadas a empresas cercanas, y ahora con esto. Mientras nuestra gente estaba pasando un calvario, sin una sola ayuda municipal para sus comercios, sus bares o simplemente para salir adelante, el Ayuntamiento pagaba a un destacado dirigente de En Comú Podem para que pasara aquí una semana, en un festival de teatro, sin que sea una obra teatral, y cuya única relación con Cádiz es felicitar a Kichi en las redes sociales o insultar a las instituciones del Estado”.

Al hilo de estas acusaciones, el alcalde ha recordado que “la programación fue configurada por los directores del festival sin injerencias políticas de ningún tipo y ha advertido al PP de que no puede perseguir a un buen director o directora por no ser afín a su ideología política”. “Además, se da la circunstancia de que no fue la tercera obra más cara de la edición, como afirma el PP, sino que hubo otras seis obras con un caché superior”, según apunta la concejala de Cultura, Lola Cazalilla.

El presidente popular ha insistido en “exigir explicaciones de esta contratación tanto al alcalde como a la responsable de Cultura, que ya despertó las quejas del sector cultural y el teatral en particular por la designación de dos personas que procedían del entorno de Mas Madrid y la gestión cultural de la capital, en vez de recurrir a especialistas de la ciudad de reconocido prestigio.

“La patrimonialización de los artistas como si fueran de un bando u otro pone en riesgo a los propios artistas y el derecho a la cultura”, ha dicho el alcalde, quien se pregunta “si vamos a tener que mirar el carnet de partido de todos los artistas que pasan por el Falla o por el Carnaval. Los artistas, como cualquier otra persona, tienen derecho a entrar en política y a volver a su profesión anterior”.