ENTRE tanta declaración airada, tanta acusación gratuita, tantas respuestas indignadas y tantas amenazas de acciones judiciales en torno a dos informes contradictorios, sólo un aspecto de esta agria polémica sobre la crisis de Loreto aclararía algunas cosas importantes: que la autoridad competente, o sea la Junta de Andalucía, aclare de una vez si el técnico o el político que observó la presencia de bacterias en el agua de la barriada estaba obligado a comunicarlo a los responsables sanitarios. Dice la Junta que necesita tiempo y que está elaborando a su vez otro informe. Y digo yo que ya está tardando en responder a esta sencilla pregunta. Así sabremos si alguien cometió una imprudencia, una negligencia o un simple error humano, y si algún político tiene en todo este embarrado asunto alguna responsabilidad que dirimir, sea penal, administrativa o simplemente política. Por aclararnos.