Nadie sabe ahora de qué murió en el Puerta del Mar Francisco González

El fiscal retiró ayer la acusación de homicidio por imprudencia grave contra el jefe de Cirugía del hospital Puerta del Mar, José Manuel Vázquez Gallego, a quien responsabilizaba de la muerte por negligencia tras una operación del paciente Francisco González, y mantuvo la de falsificación de documento público, delito por el que reclamó cuatro años de prisión. Una forense explicó ayer en la Audiencia, en la segunda y última sesión del juicio, que no hay modo de saber cuál fue la causa del fallecimiento de Francisco González. Un cirujano de guardia firmó en su día, en mayo de 2000, el certificado de defunción. Como causa de la muerte, anotó que era "compatible" con tromboembolismo pulmonar masivo. Pero no hubo autopsia y hoy es imposible, por tanto, afirmar con una mínima certeza que Francisco González falleciese por el motivo apuntado por el médico que certificó la defunción.

Varios médicos, y también el procesado, insistieron en el juicio en que el tromboembolismo pulmonar sólo es una de las posibles causas de la muerte del paciente. Y una de las menos probables, añadieron. Ante esa circunstancia, el fiscal se vio obligado ayer a modificar su calificación. Si no se sabe de qué murió Francisco González, no hay forma de sostener que su muerte pudo provocarla el hecho de que, tras la operación a la que fue sometido, no le fuese administrado un fármaco: un anticoagulante que fue pautado antes de la intervención porque el paciente tenía un alto riesgo de padecer tromboembolismo. La retirada de la acusación por homicidio imprudente incluye la de la petición de indemnización para la familia del fallecido. El fiscal, que consideraba al Servicio Andaluz de Salud (SAS) responsable civil subsidiario, solicitaba que 115.000 euros para la viuda y 19.000 para cada uno de sus cinco hijos.

"Nunca pensé que tuviese tan poco valor un certificado médico. Poco, no. Ninguno", dijo ayer el fiscal en su alegato. "Ahora resulta", vino a añadir, "que tenemos un documento que certifica como causa de la muerte la más improbable de todas las causas. No es hasta ahora, en el juicio, cuando se dice, sin pudor alguno, que la probabilidad de que la muerte fuese por tromboembolismo era prácticamente despreciable. Y que ya cuando fallece el paciente había serias dudas sobre la causa de la muerte. Se ha llegado a decir hoy aquí que se anotaría en el certificado tromboembolismo porque entonces estaba de moda esa causa. Había serias dudas pero no se hizo la autopsia".

El fiscal mantuvo que el cirujano procesado quiso desviar responsabilidades ante una posible reclamación y que, tras el fallecimiento, modificó la hoja de tratamiento elaborada tras la operación y anotó en ella dos fármacos, entre ellos el anticoagulante que debió recibir el paciente. La enfermera que transcribió el contenido de esa hoja a la de enfermería aseguró en el juicio que esos dos medicamentos no estaban en la hoja que ella recibió. Por eso al paciente no le fue administrado el anticoagulante.

Dos peritos de la Policía ratificaron ayer su informe caligráfico: hubo alteración del documento. Otros dos peritos ratificaron el suyo: con la documentación que manejaron no pueden determinar si la hoja fue alterada. La defensa reclamó la absolución.