"Hemos preferido un mal acuerdo a un buen pleito", declaró a los periodistas Manuel García Gallardo después de que el tribunal de la Sección IV de la Audiencia Provincial de Cádiz aceptase esta mañana un acuerdo con la Zona Franca de Cádiz por el que el empresario gaditano evita una condena de diez años de cárcel por el caso Quality Food.

Muy emocionado tras la vistilla celebrada esta mañana, García Gallardo volvió a sostener que durante 21 años se ha visto sometido "a una causa injusta" en la que "se ha hecho demasiado daño a mi familia" para que "renunciase al cobro de 35 millones de euros" que le correspondían por una sentencia firme a su favor. En la causa también figuraban como acusados, su padre, fallecido hace once años, y su madre, a quien no se le imputaba responsabilidad penal, pero sí civil.

Manuel García Gallardo acepta los delitos que se le imputan pero sólo tendrá que pagar una multa de 2.900 euros, después de que el tribunal dictase sentencia in voce aceptando la petición de suspensión extraordinaria de la pena privativa de libertad que solicitó su defensa justo a continuación de que el Ministerio Fiscal rebajase a menos de un tercio, a tres años y medio, su petición inicial de diez años condena de prisión por tres delitos: estafa en concurso medial, falsedad documental y apropiación indebida. El acuerdo impone al empresario la renuncia al cobro por parte de Zona Franca de varias decenas de millones de euros de una sentencia firme a su favor. El Consorcio estima esta cantidad en 20,2 millones de euros, la mitad en intereses, pero el empresario la eleva a 35 millones de euros.

Manuel García Gallardo y Víctor Ocaña, esta mañana, en el banquillo de los acusados, durante la vistilla celebrada en la Audiencia Provincial de Cádiz.

"Solo quiero manifestaros que he prestado mi consentimiento a una sentencia por unos hechos que siempre he negado y con los que en absoluto me siento identificado, porque considero que lo mejor es un mal acuerdo que un buen pleito", dijo a los periodistas quien fue fundador de Quality Food, una industria alimentaria en liquidación sostenida en sus últimos años con fondos públicos procedentes de la Zona Franca de Cádiz, institución que acabó adquiriendo la compañía.

"Después de 21 años luchando en una causa que siempre he considerado injusta ha llegado el momento de hacer valer ese dicho tan popular en España, que lamentablemente se cumple muchas veces, que más vale un mal acuerdo que un buen pleito", dijo el empresario. "Han pasado 21 años; ha sido demasiado el daño que se ha producido durante estos años y al final hemos decidido en la familia que es mejor terminar de esta manera y pasar página", añadió, esforzándose por controlar la emoción.

"Me quito un peso de encima, pero no por mí, sino por el daño que le estaban haciendo a mi familia. Mi padre falleció después de once años sentado en un banquillo y mi madre, con 80 años, todavía lo estaba. Se ha demostrado que renunciando al cobro de una sentencia firme de 35 millones de euros ya no hay ninguna acusación contra mis padres", sostuvo. "Esto tiene que hacer pensar mucho a mucha gente porque lo que estaba claro es que lo que se quería era no pagar lo que dice la sentencia y hacerme daño para que renunciara a ello", añadió.

"No quiero hacer balance de estos 21 años porque han sido muy duros para mí y para toda la familia y lo único que pido es que con este mal acuerdo evitemos un pleito y podamos pasar página y nos dejen tranquilos a mi familia, a mí personalmente y a las empresas, porque creo que no es justo que un procedimiento judicial se dilate tantísimo tiempo", concluyó.