Izquierda Unida está estrechamente ligada a la regulación de los pisos turísticos en Cádiz. No en vano, uno de sus primeros espadas (Martín Vila) fue el concejal de Urbanismo que impulsó y defendió esa regulación municipal a través del cambio del PGOU. Por eso, desde el partido hoy integrado en la oposición dentro de Adelante Izquierda Gaditana hacen una valoración especialmente negativa del decreto publicado el viernes sobre la regulación de las viviendas de uso turístico.

“El decreto no cumple ninguna de las expectativas que se tenían en cuanto a la regulación frente a la proliferación de viviendas turísticas”, trasladan desde IU, que denuncian que “la derecha andaluza vuelve a plegarse a los intereses del lobby de los pisos turísticos y trata de mantener un discurso de regulación de cara a la galería” porque el decreto “no supone ningún avance material” respecto a lo que ya se hace en la ciudad. Lejos de eso, la formación izquierdista lamenta que en el texto final no aparezca “la limitación de pisos por titular que recogía el borrador”, lo que consideran “dar un paso atrás”.

“La Junta se pone de perfil, se pliega a los intereses del lobby de los pisos turísticos y se inhibe de un problema que tiene consecuencias tan graves”, resume Izquierda Unida, que considera el decreto “un lavado de cara que se desmonta fácilmente”.

En este sentido, consideran desde este partido que la “razón imperiosa de interés general” a la que alude el decreto para permitir las limitaciones que impongan los ayuntamientos a la implantación de viviendas turísticas viene a otorgar a la administración local una capacidad que ya tenía: “plena autonomía para ordenar el territorio y establecer límites en el planeamiento de la actividad”. “La decepción radica en que la Junta se inhibe finalmente de plantear limitaciones directamente desde sus competencias, ya sea para evitar saturación de pisos turísticos, o incluso limitaciones en cuanto a la explotación de un número determinado de VUT por titular”, explica el propio Martín Vila.

Del mismo modo, rechazan la inclusión en el decreto de la opción de evitar VUT en comunidades de propietarios “que por título constitutivo o estatutos tengan recogida expresamente la prohibición de pisos turísticos”. “Esto además de reiterar lo que ya recoge una sentencia del Tribunal Supremo, es impreciso, ya que los estatutos de una comunidad no deben precisar ese uso pormenorizado, sino que basta con que se prohíba el uso comercial y/o económico para que no se pueda ubicar un piso turístico”, explica también Vila.

La contradicción del recurso de la Junta a Cádiz

El nuevo decreto de la Junta sí ha servido para que Izquierda Unida reclame la retirada del recurso que la administración andaluza interpuso contra la modificación del PGOU que aprobó el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento gaditano en 2022. Recurso en el que esta formación implica al actual alcalde, Bruno García, “que lo defendió y avaló cuando actuaba como portavoz del gobierno andaluz”. “Fue el actual alcalde quien impulsó que la Junta llevara a los tribunales esta modificación del PGOU para que los pisos turísticos no tuvieran ninguna limitación”, señalan en IU.

Precisamente para conocer el posicionamiento actual del gobierno de Moreno Bonilla a raíz de este decreto, la diputada de este partido en el Parlamento Inmaculada Nieto ha presentado una iniciativa para que el gobierno andaluz responda si va a retirar ese recurso “en coherencia con el decreto aprobado el pasado 29 de enero”.

“La Junta no puede reconocer ahora esta potestad que tenemos los ayuntamientos para limitar los pisos turísticos y mantener su oposición en los tribunales a la primera y única modificación del PGOU que se impulsó precisamente para este cometido”, trasladan desde IU en Cádiz, donde se muestran convencidos de que ese recurso judicial “no fue más que una maniobra política del PP en la Junta para atacar al anterior gobierno de izquierdas, dándole igual la ciudad”.

En este sentido, recuerdan que la modificación del PGOU gaditano se hizo con informes técnicos favorables de las consejerías de Fomento, Turismo y Salud; “pero sin embargo fue recurrida por el mismo gobierno andaluz, que ahora, doce meses después, reconoce que los ayuntamientos pueden actuar de esta manera”, consideran.