El esperado nuevo decreto andaluz de regulación de las viviendas turísticas no afectará a Cádiz; no, al menos, en lo que a regulación de las administraciones se refiere. Y es que su principal novedad, que los ayuntamientos podrán limitar el número máximo de viviendas de uso turístico por edificio, sector, ámbito, periodos, área o zona “por razón imperiosa de interés general” a partir del próximo 22 de febrero, ya estaba implantada en la capital desde el año 2022, cuando entró en vigor la modificación del PGOU que sacó adelante el anterior gobierno de Kichi.

Desde esa fecha, conviene recordar que la ciudad ya tiene limitadas las viviendas de uso turístico, completamente prohibidas en el casco histórico (a excepción del uso de un edificio completo de protección grado 0 y 1) y autorizadas únicamente en planta baja, primera y segunda en la zona de extramuros. Por tanto, esa limitación que ahora permitirá el decreto ya se practica en la ciudad.

Lo mismo ocurre con otra limitación que recoge el nuevo texto, y que ya existía previamente. Se trata de la posibilidad que otorga a las comunidades de propietarios para impedir la implantación de viviendas de fines turísticos (Vft) siempre que en sus estatutos se contemple expresamente la prohibición de este tipo de usos; algo sobre lo que ya se vienen pronunciando con antelación los tribunales, que limitan ese freno a los pisos turísticos a la prohibición de uso comercial y económico a las viviendas.

Por tanto, el decreto andaluz se puede entender como un espaldarazo a la norma establecida en Cádiz mediante la modificación del PGOU. De hecho, conviene recordar que la ciudad ya está actuando frente a esas Vft establecidas en zonas donde la norma urbanística limita o rechaza su catalogación.

Precisamente, esta es la cuestión que deberán resolver ahora los técnicos. Hasta la publicación de este decreto de la Junta, el camino a seguir ha sido el de comunicar a la administración autonómica las viviendas turísticas que estarían fuera de la norma, para que se proceda a su baja del registro andaluz; pero con el nuevo decreto, este trámite podría directamente asumirlo el propio Ayuntamiento, agilizando esta observancia sobre los pisos turísticos. De hecho, en esta misma línea la Junta se obliga en el decreto a comunicar de forma automática a los ayuntamientos el alta de una vivienda en el registro de turismo, para que haya una comprobación inmediata.